ás de cuatro decenios después, el Gobierno español se compromete a traspasar las gestión de las prisiones a la Comunidad Autónoma del País Vasco. La noticia debería ser el tremebundo e inexcusable retraso en cumplir con lo dispuesto en el Estatuto de Gernika, un conjunto de leyes votado mayoritariamente en los tres territorios y asumido (¡incluso celebrado!) como marco jurídico indiscutible por quienes ahora ponen el grito el cielo. Sin embargo, la triderecha hispanistaní -el PP, Vox y los restos de serie de Ciudadanos- y sus descangalladas terminales mediáticas claman que es una inaceptable traición al estado y vaticinan la inminente puesta en libertad de los presos de ETA.
Una vez más piensa el ladrón que todos son de su condición. No existe el menor motivo para sospechar y aventar semejante demasía. Simplemente se cumplirá lo dispuesto en un conjunto de normas que se dieron los vascos hace unas cuantas generaciones. Lo mismo, por cierto, que ocurría en la malvada Catalunya sin rasgado de vestiduras hasta que llegó el procés. O, por citar otras comunidades menos sospechosas, lo que disponen los estatutos de Galicia, Andalucía o Canarias. Se retratan quienes pretenden que el tardío cumplimiento de un compromiso es motivo de rasgado de vestiduras. Por fortuna, sus ladridos casi ni se escuchan.
