ste jueves la Asamblea Nacional francesa aprobó una ley para la protección y la promoción de las lenguas regionales. La ley incluye medidas inéditas en ese país en materia de derechos lingüísticos. Me temo que a Francia le cuesta encontrar una posición consistente sobre la diversidad lingüística. Al interior ha sido poco sensible con sus lenguas minoritarias, convencido de que los valores republicanos de igualdad solo hablan francés. El francés es una gran lengua universal. Es oficial, por su historia colonial, en unos 40 estados. Funciona como segunda lengua de las relaciones internacionales y lo es de trabajo de muchas organizaciones internacionales. Pero según el inglés va convirtiéndose en la única lengua de intercambio global, los franceses han pasado a defender poco a poco una diversidad limitada, es decir, una diversidad de protección del francés frente al inglés. Así en los organismos internacionales Francia ha ido tomando la bandera de la diversidad frente al monopolio del inglés, al tiempo que al interior sus políticas con respecto a lenguas como el occitano, el corso, el bretón, el catalán o el euskera seguían dejando que desear.

En los últimos años hemos visto cómo dentro del país comenzaban a darse algunos pasos más coherentes. Pero hasta la fecha a cada paso pasito para delante, como en el baile, ha seguido otro pasito para atrás. En 2008, por ejemplo, se incluyó en la Constitución un artículo que reconoce que "las lenguas regionales forman parte del patrimonio de Francia". Pero de inmediato el Consejo Constitucional interpretó que "este artículo no constituye ningún derecho o libertad".

Francia no ha ratificado la Carta de la Lenguas Minoritarias, del Consejo de Europa. Recuerdo una carta del 2015 del Presidente Hollande a mi muy apreciado Patxi Baztarrika, quien ejercía por entonces como presidente de la Red Europea para la Promoción de la Diversidad Lingüística, comprometiéndose con dicha ratificación. Pero aún esperamos.

Por muchos años las autoridades francesas han considerado que reconocer los derechos lingüísticos en el ámbito público hacía peligrar los principios de igualdad y unidad de la República. Era la igualdad entendida como uniformidad, como sometimiento a un estándar general que se da por espejo de una identidad nacional unívoca. No sorprende que Manuel Valls, uno de los campeones de esta idea, acabara en la órbita de Ciudadanos. Tampoco sorprende que, por la extrema izquierda, la Francia Insumisa de Mélenchon sea el único partido que ha votado mayoritariamente en contra de esta nueva ley por considerar que las lenguas están ya protegidas puesto que la ley no las ataca y que sólo el francés y la escuela pública pueden proteger la igualdad y la fraternidad entre los ciudadanos. Viejo jacobinismo en odres pretendidamente nuevos.

La ley aprobada es un paso muy importante en la buena dirección. La mayoría ha sido amplia e interpartidaria: de 323 votos emitidos, 247 lo han sido a favor y solo 76 en contra.

Esta nueva Ley permitirá los sistemas de inmersión lingüística en las escuelas públicas de regiones donde se habla catalán, euskera, occitano, corso, alsaciano o bretón, cuando haya un cierto número de padres o educadores que lo soliciten. La ley favorece la subvención de escuelas bilingües privadas en lugares donde no exista esta oferta en el sistema público. Además promoverá la señalización y la comunicación bilingüe en el espacio público.

Apostaría a que en nuestro país esta semana sabemos más de las declaraciones de un par de consejeros autonómicos murcianos o del mitin de Vox en Vallecas que de esta nueva Ley que afecta de manera tan importante a nuestra Vasconia compleja, compuesta y trilingüe. De ser así, daría que pensar.