a reactivación de la negociación del traspaso, entre otras, de la competencia sobre prisiones ha vuelto a suscitar el debate acerca de qué política debe aplicarse en este poco conocido mundo de los establecimientos penitenciarios. Tras la ansiada materialización de la transferencia, la legislación penitenciaria seguirá en manos del Estado, pero el Gobierno vasco podrá (y desea) implementar un modelo que potencie la reinserción y el cumplimiento de las penas en semilibertad, creando una nueva red de centros de inserción y de unidades tuteladas.

Con la asunción de la titularidad de la competencia el Gobierno vasco tendrá autonomía para la elaboración de los informes relativos a los presos de los que dependen decisiones como la concesión de progresiones de grado, permisos u otros beneficios penitenciarios. El reto no es solo político, también es social: un modelo orientado y volcado en y hacia la reinserción es deseable, sin duda. Su materialización requiere de un diseño cuidado ( y los primeros pasos dados han sido ilusionantes), y necesita de más personal dedicado a esas tareas de educación y de control de la ejecución de penas en semilibertad. La inversión merece, sin duda, la pena.

La concreción del traspaso de esta competencia simbolizará el compromiso social, institucional y político con un ámbito de gran calado para nuestro concepto integral de Administración vasca.

Si analizamos el presente de la realidad penitenciaria española, y sin negar que haya habido avances, sin duda, hay que centrar la reflexión en la propia vida en el seno de las prisiones que permite comprobar en qué medida se aprecia en muchos casos la inviabilidad del objetivo resocializador que supuestamente debe inspirar la práctica penitenciaria. ¿Es la prisión un mero lugar de control cerrado de personas que han cometido delitos o crímenes o realmente se orienta a preparar la reinserción, la preparación para el reencuentro de la persona penada con la sociedad?

Vivimos plácidamente a partir de la hipocresía social consistente en afirmar con vehemencia la vigencia de los derechos humanos y a la vez mirar para otro lado, en la comodidad de quien entiende realmente la prisión en su estricta dimensión punitiva. Debemos rebelarnos cívicamente contra muchas injusticias, y seguro que muchos de quienes se acercan a este comentario pensarán que hay cosas y problemas más importantes de los que ocuparse, pero al menos proyectemos nuestra mirada crítica el sistema penitenciario. No es un problema político, es social.

Quisiera lanzar una voz de apoyo y ánimo a las personas e instituciones que vuelcan sus esfuerzos en tratar de dignificar y humanizar la vida en prisión. El endurecimiento de la legislación penal rebosa dosis de demagogia política. ¿Por qué, de facto, el sistema penal y penitenciario español y la propia Administración penitenciaria parece haber renunciado a su responsabilidad de reinserción?; ¿cabe admitir que se asocie a los internos en prisión con pecios hundidos sin posibilidad de retornar a la superficie, a la vida social?

Por todo ello, y tras el simbolismo que sin duda encierra esta importante trasferencia competencial para Euskadi, lo verdaderamente importante es que emerge la posibilidad real de trabajar desde el ámbito de la política penitenciaria con una visión restaurativa, basada de verdad en el intento y en la apuesta por la resocialización de las personas presas. Ese es nuestro gran reto ante la llegada de esta ansiada competencia.