l viernes pasado, hablábamos de la multiplicación de encargos públicos "a dedo" que recaían en coloristas artistas que intervenían "a saco Paco" en espacios de interés. Todas las recomendaciones de los colectivos del arte, muchas de ellas recogidas en códigos de buenas prácticas, parecen decorar el papel higiénico de los baños institucionales. No hay concursos públicos. No se cuenta con el asesoramiento de versados en la materia. Es el político de turno, sin ningún tipo de conocimientos artísticos, el que elige a un artista que le mola para que "embellezca" un espacio que no le mola. Total, no es suyo ni el dinero ni el espacio.
Pensábamos que estas formas de actuar estaban superadas hace lustros, pero no: estamos en imparable regresión cultural. Y ahora, suma y sigue. Un caso más y cercano: la artista Irantzu Lekue, por encargo directo del Ayuntamiento de Nanclares, ha realizado un mural sobre una de las fachadas de su centro cívico - un edificio reconocido internacionalmente- sin contar con el permiso de su autor, el arquitecto Roberto Ercilla.
En nuestro país, como en muchos otros, la legislación protege la creación arquitectónica a través de la Ley de Propiedad Intelectual. Y lo hace por varios motivos. Por una parte, para que nadie plagie un edificio original. Imaginemos, por ejemplo, que el alcalde de Nanclares quiere levantar en su pueblo una réplica del Guggenheim de Bilbao. Pues bien: la ley se lo impediría. Y, por otra parte, para impedir que los propietarios de esa obra arquitectónica puedan realizar modificaciones que alteren su sentido. Volvamos a imaginar: las administraciones vascas deciden encargar a Irantzu Lekue la decoración de toda la superficie exterior del Guggenheim con bucólicas escenas campestres para alegrar la vista a la ciudadanía. No tendría pase legal.
Ercilla denunciará al Ayuntamiento de Nanclares si no borra el mural de la fachada de su obra. En la misma línea se ha expresado el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Mientras tanto, el alcalde de Nanclares, desconocedor de que un edificio pueda tener autoría, declaraba su sorpresa por el revuelo desatado. Extrañado, además, porque tal nimiedad tuviera eco en estos tiempos difíciles de pandemia que estamos viviendo. Como si ésta le sirviera de coartada por su desliz. Obviamente los costes de cualquier proceso judicial o de restitución del edificio a su estado original no los pagará él sino los contribuyentes. Como la realización del propio mural.
Sobre la responsable subsidiaria del presunto delito de vulneración de la propiedad intelectual de un arquitecto, es atípico que una artista desconozca que un edificio puede estar protegido por dicha ley. Una ley que debería conocer en profundidad pues es la misma que preserva su trabajo como autora. Y tanto más cuanto que es reincidente en estas lides: hace un par de años le impidieron pintar un mural sobre la fachada de un edificio del arquitecto Enrique Marrón.
