l cambio climático es un problema de magnitud global. Eso significa que si bien las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) tienen siempre un origen local, la alteración que provocan en la composición de la atmósfera terrestre no se circunscribe al ámbito local que los ha originado. Los gases de efecto invernadero no conocen fronteras. Se dispersan por la atmósfera y crean una alteración en la composición de la misma de carácter global. Los impactos derivados de dicha alteración tienen, en consecuencia, un alcance mundial, afectando a la humanidad en su conjunto y a la totalidad de los ecosistemas y biodiversidad del planeta Tierra.

El carácter global del problema implica que se requieren acuerdos internacionales, el último de ellos el llamado Acuerdo de París que establece en 2015 el objetivo para finales del siglo XXI de mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de 2 oC, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 oC con respecto a los niveles preindustriales y destaca la importancia de adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. No obstante, en su sexto informe de evaluación, el Grupo de Trabajo I, en su informe Bases Físicas de agosto de 2021, del Panel Intergubernamental de Naciones Unidas (por sus siglas en inglés, IPCC), concluye que, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de forma inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5 oC o incluso a 2 oC será un objetivo inalcanzable.

Actuar sobre el cambio climático exige, por tanto, una respuesta a nivel mundial, pero también a nivel local, regional, como es el caso de Euskadi. Las emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes a 2019 representaron una aportación del 0,5% del total de emisiones de la Unión Europea siendo el sector energético, el transporte y la industria los principales emisores con el 86% de las emisiones totales en Euskadi, según el Inventario de gases de efecto Invernadero realizado por la Sociedad de Gestión Ambiental Ihobe del departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco. Si bien las emisiones derivadas de la industria se han reducido al igual que las del sector energético, las emisiones del transporte han aumentado, y es el sector que más crece en emisiones.

En su conjunto, las emisiones de GEIs han disminuido un 11% en 2019 respecto a 1990, pero están muy por encima de la UE, que ha disminuido un 23% en el mismo período. Por otra parte, los impactos según los estudios del Gobierno vasco señalan un incremento de las temperaturas, cambio en las precipitaciones y subida del nivel del mar, entre otros efectos. En este sentido, se hace imperiosa la necesidad de aprobar una Ley, cuyo anteproyecto actualmente está en fase de aportaciones y alegaciones, bajo el nombre de Ley de Transición Energética y Cambio Climático.

En su exposición de motivos, la futura ley vasca del cambio climático se alinea con los compromisos internacionales, especialmente con los europeos, los más avanzados a nivel internacional, tratando de configurar las estrategias e instrumentos que pueden utilizarse para realizar la transición a una economía con cero emisiones netas en 2050 y un territorio resiliente en el marco de una planificación y una hoja de ruta de acuerdo a la realidad vasca, y con los retos y oportunidades a los que se enfrentará en los próximos años.

Otros aspectos interesantes que se plantean en la futura ley es la sustitución progresiva de los combustibles fósiles por las energías renovables, el fomento de una movilidad más sostenible, e impulsar la fiscalidad para garantizar una justicia social y una transición justa, entre otras cuestiones.

En referencia a la fiscalidad en materia de cambio climático sí que me parece muy importante su inclusión, porque en anteriores borradores nunca se había hablado de ello. Me parece sumamente importante priorizar la reducción de emisiones en ámbitos en los que el Gobierno vasco tiene competencias y capacidad de intervención, sin perder competitividad, para avanzar en objetivos ambiciosos de mitigación. En este sentido, se necesita un modelo de fiscalidad ambiental que penalice actividades y conductas, de acuerdo al principio de “quien contamina paga y quien contamina más, más paga”, como se establece por parte de la UE. Y es especialmente importante en sectores como el transporte, que actualmente es el que más crece en emisiones en Euskadi desde 1990.

Otra novedad importante es la creación del Ente público de derecho privado Ihobe, Agencia Vasca de Medioambiente, con el fin de impulsar el reforzamiento de lo público en el sistema de gestión ambiental de Euskadi. Hasta ahora, Ihobe ha sido una sociedad mercantil de titularidad pública centrada en la gestión e innovación ambiental. La creación de una Agencia de Medioambiente, tal y como se han creado en otros países europeos más avanzados en la gestión ambiental, puede ser un instrumento importante en el desarrollo de la política ambiental en Euskadi.

Pero también encuentro en el texto de anteproyecto de ley vasca de transición energética y cambio climático, poca concreción en la definición de objetivos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en la participación en la producción de energías renovables, o en la disminución del consumo energético.

En este sentido, pienso que es obligado fijar objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, cuando menos los establecidos por la Unión Europea, de una reducción de un 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 en relación a 1990 y cero emisiones en 2050, y no remitirse como se señala en el texto de la futura ley vasca de cambio climático a que en el plazo de doce meses de la aprobación de la ley como máximo, se elaborará una Hoja de Ruta al año 2050, donde se supone, aunque no se dice nada de ello, que se incluirán una serie de objetivos de reducción. Igualmente sucede con la participación de la producción de energías renovables.

También debería tenerse en cuenta que un aspecto fundamental de la transición energética debe residir en una disminución drástica del consumo de energía, y esta cuestión no se aborda de forma pormenorizada. La lucha contra la crisis climática y las políticas de descarbonización deben tener en cuenta cuestiones tan fundamentales como cuánta energía se necesita, cuánta necesitamos para vivir y en qué medida podemos bajar el consumo energético si queremos conseguir los objetivos de reducción de emisiones en cero emisiones en 2050. * Experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente