El derecho a una vida digna, a debate en el Parlamento Vasco

Resulta especialmente significativo que, dentro de las 17 comunidades autónomas, sea en Euskadi dónde, por primera vez, se ha planteado una iniciativa así. Lo decimos, reconociendo que es en nuestra comunidad dónde existe el modelo más desarrollado y generoso, en términos presupuestarios, de lucha contra la pobreza, un modelo basado en una renta mínima condicionada, la RGI (Renta de Garantía de Ingresos), que llega, en la actualidad, a 54.000 hogares.

¿Por qué es precisamente aquí donde se ha adoptado por defender otro modelo, el de la RBI, cuyo principal objetivo también es acabar con la pobreza y la precariedad, a través de una asignación económica pública, dirigida a garantizar que las necesidades básicas de toda la población puedan estar cubiertas mediante una asignación pagada por el Gobierno Vasco de forma individual, incondicional y universal?

La razón, tras más de 3 décadas de existencia del actual modelo de lucha contra la pobreza, es muy evidente. Un modelo que no asuma la incondicionalidad, la universalidad y la individualidad, jamás podrá acabar con la pobreza. Según la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del Gobierno Vasco, el 30% de las personas en riesgo de pobreza no accedían a la RGI y de quienes sí accedían, un 34%, manifestaban que seguían sin salir de la pobreza.

Desde la Asociación pro Derechos Humanos Argituz no podemos sino reconocer el esfuerzo realizado por todas las personas promotoras de la ILP que han conseguido cumplir con enorme éxito esta primera fase de la ILP, permitiendo que la misma haya llegado al Parlamento Vasco. Ahora, la ILP se debe tramitar como una proposición de ley; es decir, la Mesa del Parlamento debe señalar el día en el que el pleno del Parlamento vasco deberá debatir y votar si la ILP es admitida legalmente o rechazada como futura ley vasca.

En este sentido, queremos situar el debate y oportunidad de su aprobación desde un enfoque de derechos humanos, recordando que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que 171 Estados forman parte, prevé en su 11º artículo el derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”, debiendo los Estados “tomar las medidas apropiadas para asegurar la efectividad de ese derecho...”.

Es precisamente en la búsqueda de la máxima protección y mayor efectividad posible del derecho a la vida donde radica su conexión con el derecho a un nivel de vida adecuado. Como es sabido, el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuya protección efectiva es requisito indispensable para el disfrute de todos los demás derechos humanos. El derecho a la vida tiene una importancia crucial para las personas y para el conjunto de la sociedad, y debe respetarse y garantizarse sin distinción alguna de raza, sexo, origen nacional o social, situación socioeconómica, edad...

El derecho a la vida no debería interpretarse en sentido restrictivo. Es, en palabras del Comité de Derechos Humanos de la ONU, “el derecho a no ser objeto de acciones u omisiones que causen o puedan causar una muerte no natural o prematura y a disfrutar de una vida digna” (Observación General Nº 36, 2019). Conviene destacar, en este último sentido, que este derecho fundamental a la vida comprende no sólo el derecho de toda persona a no ser privada arbitrariamente de la misma (obligación negativa) sino que además requiere la adopción de todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva).

De esta forma, y con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida, una de las obligaciones que indefectiblemente deben asumir las administraciones competentes es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona y, de igual forma, no producir condiciones que la dificulten o impidan. En otras palabras, la obligación de proteger la vida implica también que los Estados adopten medidas positivas, orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna.

Es precisamente en este punto donde queremos defender la importancia de abordar la ILP registrada en el Parlamento: como forma equilibrada y justa de proporcionar mayores garantías para los derechos fundamentales, para generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de todas las personas, sin exclusión, y como forma también de garantizar una suficiencia económica que permita abordar proyectos de vida, desde una mayor libertad y autonomía, a todas las personas.

Diversos estudios realizados confirman que la financiación de una RBI igual al umbral de pobreza es viable a través de una reforma fiscal en profundidad, reforma en la que las personas más ricas de la sociedad, con rentas más altas y grandes patrimonios, deberán contribuir a su financiación, vía impuestos, en proporción a su riqueza real, como hacemos las y los demás.

Por otra parte, no estaría mal adelantarnos a los acontecimientos en lugar de reaccionar a los mismos. Desde hace tiempo se nos advierte que va a haber una robotización de la economía que va a disparar las tasas de desempleo, y asistimos desde hace ya un tiempo al crecimiento del número de personas con empleo a las que, sin embargo, sus ingresos les sitúan en el umbral de la pobreza. Razones todas ellas para considerar seriamente la posibilidad de aplicar una Renta Básica Incondicional. * Josu Oskoz, Andrés Krakenberger y Miguel Angel Navarro, en representación de la Asociación pro Derechos Humanos Argituz