a tremenda crisis de los refugiados en el Mediterráneo y la nefasta gestión de la misma por parte de la Unión Europea (UE) han vuelto a poner de manifiesto las carencias y silencios de la acción exterior de la UE en materias centrales del acervo europeo. Tanto es así que el acuerdo posterior con Turquía y su calificación como destino seguro para los refugiados en general fue ruidosamente descalificado por un intento de golpe de Estado en la propia Turquía, consumando el mayor fiasco político de la UE en su historia reciente.

Esta lamentable gestión de la crisis humanitaria por parte de la UE y de sus Estados miembros ratifica que el complicado entramado histórico, institucional y competencial de la UE está destinado a ser objeto de profundas reformas, especialmente en materia de política exterior y aplicación de los Derechos Humanos. En este aspecto el alarmante caso del Gobierno de Hungría sigue sin abordarse por parte de la UE. La cuestión es relevante si consideramos que la UE carece de Administración propia, debiendo servirse de las Administraciones de cada Estado miembro para garantizar el cumplimiento de sus políticas y normas. Con mayor razón y necesidad a la vista de la ausencia de un planteamiento político europeo sobre el Estado islámico, la crisis de los refugiados, el acceso universal a la vacunación en plena pandemia, la política energética o el cambio climático entre otras cuestiones globales. No deja de ser curioso en estos dos últimos aspectos que, mientras el Gobierno de España insiste en reducir vuelos y emisiones, se pacte en estos días una notable ampliación del aeropuerto del Prat en Barcelona.

Estos aspectos, junto a muchos otros, complican la situación de la UE y la aplicación de un proyecto europeo cada vez más alejado de la sociedad y de la garantía de nuestros derechos. Sin obviar lo positivo de las ampliaciones comunitarias, éstas han acabado por consumar un modelo de varias velocidades, en el cual muchos actores siguen sin encontrar su lugar y en el que la política exterior de la UE resulta inexistente.

Si en el marco de los Tratados de la UE se ha producido una modificación del concepto de soberanía, cediendo una parte de la misma hacia una instancia supra-estatal, dotada de Derecho propio, que goza de eficacia directa, primacía y tutela judicial; la voluntad política de los distintos Estados y naciones de la UE debiera concordar con el espíritu de integración europea que ha inspirado el movimiento europeo, también para lograr una auténtica política exterior de la UE. Sin embargo, la nueva “soberanía” de la UE es compartida entre sus Estados miembros pero éstos se resisten a compartir soberanía en el nivel exterior, de cara a una mínima gestión de los problemas de la UE en un mundo global.

Un proceso renovado de integración europea como fruto de la voluntad de diversos Estados y naciones debiera producir, desde mi perspectiva, una suma de voluntades políticas hacia dentro de la UE, pero también hacia al exterior de la misma. Más aún en tiempos de pandemia. En este contexto, el liderazgo económico de Alemania bien pudiera ser complementado por una acción exterior real que aborde los retos pendientes de la UE en clave de soberanía compartida entre Estados, naciones y ciudadanía. En este sentido, la UE no puede dejar de abordar su acción exterior, garantizando su vocación por la integración política en defensa de los Derechos Humanos. La cuestión es de importancia, puesto que la UE asume que la protección de estos derechos se tutela mediante el acervo común de los Estados miembros. Es un ámbito en el que no caben regresiones como en Hungría, si bien los europeos también tenemos obligaciones. Entre otras, la de no imponer a personas o a terceras partes limitaciones de derechos y libertades que jamás aceptaríamos para nuestros pueblos.

Así como el acervo común europeo ha facilitado avances en materia de Derechos Humanos en la UE, incluidos los derechos sociales, es necesario que la fuerza de esta terrible crisis global no impida que la UE siga consagrando entre sus fines el respeto de los derechos individuales y colectivos, con un contenido social que garantice la dignidad de las personas sin discriminación alguna.

Como uno de los primeros pasos necesarios, las instituciones de la UE deben esforzarse en garantizar una política exterior real y eficaz sobre los graves problemas que rodean a Europa. Para tal fin es necesario definir con claridad hasta dónde llegan las voluntades políticas de los Estados miembros de la UE de cara al exterior, incluido el complejo e inescrutable papel de un Reino Unido ya ausente de la UE, pero presente en Europa. De no ser así, es evidente que la UE seguirá inmadura, alejándose de las preocupaciones sociales y, por tanto, de las personas. Como anticipaba J. Bengoetxea en su libro La Europa Peter Pan (IVAP, 2005), podría parecer que la UE se ha obstinado en vivir una eterna y decadente adolescencia.

* Presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa