l Congreso de los Diputados ha aprobado, el jueves, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética con una amplia mayoría. A falta de su aprobación final por el Senado, el texto consolida una ambiciosa lista de medidas imprescindibles para avanzar en la necesaria descarbonización de nuestra economía, y alcanzar la neutralidad climática en el año 2050.

La norma está alineada con las políticas europeas, y es una herramienta fundamental para la obtención de los fondos de reconstrucción europeos, que deben impulsar la transición verde de nuestro modelo productivo y económico.

En clave política, el apoyo que ha tenido la ley lleva a pensar que tendrá duración en el tiempo, ya que la oposición a la misma ha sido muy limitada al contar únicamente con el voto en contra de Vox. Esto es muy importante en un momento político crispado y complejo, en el que estamos más que acostumbrados a la proyección mediática de un enfrentamiento entre bloques que en este caso no se ha producido. Por otro lado, el bloque que apoyó la investidura del Gobierno sale reforzada, ya que la norma sumó también los votos de Ciudadanos ampliando con ello el espectro hasta una mayoría absoluta de 190 diputados.

La ley contempla toda una amplia serie de medidas encaminadas a reducir nuestra progresiva dependencia de los combustibles fósiles. Se trata de una herramienta muy transversal, y de ahí la complejidad de su tramitación. Entre las iniciativas que recoge podemos destacar el impulso decidido a las energías renovables, la apuesta por la movilidad eléctrica o el compromiso contra la contaminación urbana a través de las zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes.

En Euskadi, sin embargo, el interés se ha centrado en la prohibición que recoge la ley de la explotación de hidrocarburos y, singularmente, de la extracción de gas, ya que afecta directamente a proyectos como el de Subijana, a las puertas de Vitoria-Gasteiz. La norma no deja ningún margen para la polémica: tal y como expone en su artículo 8, a partir de su entrada en vigor quedan prohibidas las exploraciones y proyectos de extracción de hidrocarburos en el territorio del Estado y en sus aguas. El texto prohíbe, además, de forma explícita, el fracking. Por lo tanto, en ningún caso podrá llevarse a cabo la extracción de gas en Subijana.

En ese contexto carece totalmente de sentido la batalla legal en la que, hasta el sábado, seguía empeñado el Gobierno vasco contra la decisión del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de no conceder licencia para la exploración en Subijana. La oposición a este proyecto es abrumadora por parte de la ciudadanía alavesa, y no era, bajo ningún punto de vista justificable, que el Gobierno Vasco se enredase en una batalla legal que, ni en el mejor de los casos para el departamento de la consejera Arantxa Tapia, iba a permitir explotar ese pozo de gas.

Algunos llevábamos mucho tiempo anunciando, contra viento y marea, que la ley de cambio climático iba a ser el final de este proyecto absurdo. El Partido Nacionalista Vasco hizo oídos sordos, y otros parecían preferir creer una especie de “profecía autocumplida”, en lugar de atenerse a los hechos. Pero, por fin, el Gobierno Vasco se ha rendido a la evidencia, y podremos dar por cerrado este asunto.

Es mucho lo que está en juego. No es baladí que también están pendientes de concesión los fondos europeos para la reconstrucción, y que deben ir dirigidos preferentemente a esa transición verde, también aquí, en Euskadi.

Ya es hora de reconocer, que el tiempo del gas ha quedado atrás y que los recursos que iban a ser destinados a este proyecto se redirijan hacia otras formas de producción de energía que no contribuyan al cambio climático.

El autor es diputado de Unidas Podemos por Araba y presidente de la Comisión de Transición Ecológica