l 6 de febrero de 2020, hacia las 16.00 horas de la tarde, se produjo el derrumbe del vertedero de Zaldibar, gestionado por la empresa Verter Recycling, que sepultó a los dos empleados que se encontraban en la zona de la báscula del vertedero en ese momento. Tras meses de búsqueda, el pasado mes de agosto fueron localizados los restos de Alberto Sololuze, uno de los trabajadores fallecidos, mientras sigue el operativo de búsqueda bajo los escombros del segundo operario, Joaquín Beltrán, sin resultados, de momento.
El desprendimiento abrió una crisis medioambiental, sanitaria y política en Euskadi, en plena precampaña electoral. A la gravedad del colapso del vertedero, se unió el descubrimiento de que en el mismo se habían almacenado residuos que contenían amianto, material tóxico para el que el vertedero no tenía autorización para aceptar su depósito y la contaminación ambiental que se produjo en el entorno de la escombrera, al entrar en combustión durante varios días los gases almacenados en su interior y liberarse las aguas sucias que genera la descomposición de los residuos.
Todo parece indicar que la responsabilidad de la empresa Verter Recycling como propietaria del vertedero de Zaldibar es directa y máxima, y deberá rendir cuentas de todo ello. El Gobierno Vasco el pasado 20 de enero hizo pública una nota en la que atribuye a la empresa Verter Recycling la responsabilidad de los “daños significativos” que se han producido en las aguas superficiales y subterráneas y en el suelo por el derrumbe del vertedero de Zaldibar.
El expediente de Responsabilidad Ambiental del Gobierno Vasco atribuye a Verter Recycling la responsabilidad de los daños causados por el derrumbe y otorga a la empresa gestora del vertedero un plazo de diez días hábiles, prorrogables en otros cinco, para presentar un proyecto de reparación de los daños medioambientales sufridos. El expediente concluye que hay daños significativos en las aguas superficiales, en las aguas subterráneas y en los suelos.
El respeto a la verdad y a la memoria de los dos fallecidos obliga a esclarecer hasta las últimas consecuencias las circunstancias del derrumbamiento del vertedero de Zaldibar que no fue accidental, aunque lo tendrá que determinar el juzgado que investiga el caso, sino fruto de la desastrosa y nefasta gestión del vertedero que hizo la empresa propietaria, y el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco deberá esclarecer por qué las inspecciones realizadas no detectaron riesgo alguno para su estabilidad, lo que sugiere o insuficiencias en las tareas de control y seguimiento que por ley le corresponden, o la necesidad de una normativa más exigente.
Un año después del dramático derrumbe del vertedero de Zaldibar, existen varias tareas absolutamente prioritarias. En primer lugar, rescatar el cuerpo del trabajador Joaquín Beltrán, todavía aún sepultado y entregarlo a sus familiares, y un cambio importante en la gestión de los residuos. Entre otras carencias, la catástrofe de Zaldibar ha dejado al descubierto las limitaciones de los 17 vertederos que funcionan en Euskadi para acoger el mayúsculo volumen de desperdicios generados y no reutilizados ni reciclados en una sociedad de consumo en la que la industria genera el 60% de ellos.
Vivimos en un mundo finito, en donde la materia no se crea ni se destruye. Hablar de eliminación de residuos es hasta cierto punto falso. Depositar residuos en un vertedero debería estar sujeto a unas mínimas condiciones de gestión y control, y en donde el coste de la operación incluya los costes ambientales, cosa que no ocurre.
En realidad, en un vertedero no se eliminan los desechos totalmente, el residuo permanece y una vez clausurado un vertedero, hay que controlar el residuo durante 30 o más años, porque es un vertido vivo que sigue emitiendo gases, como el metano que es un gas de efecto invernadero, y tiene impacto medioambiental. Sin duda, se trata de deshacerse de la basura de la peor forma posible. Es la última de las opciones contempladas en la jerarquía comunitaria de gestión de residuos, que pasa por este orden: prevención y/o reducción, reutilización, reciclaje, valorización energética o incineración, y vertido.
Por tanto, es obligado un cambio de rumbo en la política de gestión de los residuos en Euskadi, y en este sentido, es necesario caminar hacia la reducción de residuos, a la reutilización, y al reciclaje, y para ello es imperioso contar con una Ley vasca de Residuos que camine hacia un territorio cero residuos.
El departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, a través de su consejera Arantza Tapia, ha reiterado su apuesta por la economía circular, que será la vía para generar “cada vez menos residuos”. “Estamos trabajando en el Plan Estratégico de Gestión de Residuos (PPGR2030), que empezaremos a presentar en breve para poder aprobarlo después del verano. Después, habrá que llevarlo a cabo para que los residuos disminuyan y la sostenibilidad sea interiorizada por nuestras empresas también en sus políticas”.
En mi opinión, el reto ambiental prioritario en materia de residuos, y que se trata de la hermana “pobre” en la gestión de los residuos, aunque aparezca la primera opción a llevar en la jerarquía europea de gestión de residuos, es la reducción del vertido a corto plazo hasta niveles mínimos y evitar infraestructuras de eliminación, como los vertederos. En este sentido, una de las medidas importantes a poner en marcha es un impuesto que eleve los costes totales del vertido, como ya existe en algunos países europeos, y en Cataluña y en Navarra en el caso del Estado español, que contribuirá a corregir el coste relativo del vertido (generalmente la opción más barata) con respecto al del resto de opciones y por tanto a promover las opciones prioritarias en la mencionada jerarquía de residuos.
Mientras tanto, y en una situación temporal, es necesaria la realización de una auditoria pública de todos los vertederos existentes en Euskadi, para conocer la situación actual de todos ellos y evitar posibles catástrofes como el de Zaldibar; garantizar una vigilancia estricta y control público de los mismos; deberá revisarse toda la normativa aplicable; y, especialmente, aumentar los recursos humanos, técnicos y materiales dedicados al control de estas actividades -especialmente el Servicio de Inspección del Gobierno Vasco-, cuya función es supervisar, vigilar y controlar, sobre todo el vertido de aguas, la calidad del aire, el tipo de residuos depositado y si se cumplen las medidas preventivas en 380 instalaciones que existen en Euskadi y que deben de contar con las llamadas Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI), que son obligatorias para comenzar con su actividad, y que emanan de la legislación europea de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC, por sus siglas en inglés).
El autor es Premio Nacional de Medio Ambiente y Premio Periodismo Ambiental de Euskadi 2019
