La lucha contra la obsolescencia programada y el derecho a reparar

08.01.2021 | 00:21

Hoy por hoy todavía la reparación y la reutilización siguen siendo la hermana pobre de la gestión de política de residuos, aunque en la jerarquía comunitaria en materia de gestión de residuos figure en el primer lugar junto a la prevención

El pasado 25 de noviembre, el Parlamento Europeo aprobaba una resolución sobre el derecho a reparar. Una iniciativa que de momento no tiene elementos obligatorios, ya que es la Comisión Europea la que tiene que proponer la ley, pero que se podría encaminar, si hay voluntad, para combatir la obsolescencia programada.

Los eurodiputados piden así a la Comisión que las reparaciones sean "más atractivas, sistemáticas y rentables, ya sea ampliando garantías, proporcionando garantías para las piezas reemplazadas o un mejor acceso a la información sobre reparación y mantenimiento".

Además, con esta iniciativa buscan aumentar el apoyo a los mercados de segunda mano, reclamar medidas para eliminar las prácticas que promueven la obsolescencia programada e impulsar la fabricación sostenible a través de contrataciones públicas más verdes y un marketing y una publicidad más responsables.

Unos frentes que confluyen en una medida principal: la obligación de etiquetar los productos en función de su dificultad de reparación. Este punto hace referencia al etiquetado sostenible, es decir, a la información sobre cuánto de reparable es un producto y su durabilidad. Y en esta cuestión hay que referirse sobre todo a lo asequibles que sean las piezas de repuesto, que a día de hoy son muy caras, y a la dificultad de reparar el aparato. La unión de ambos puntos hace que al final el cliente casi siempre prefiera comprarse otro que repararlo y eso es algo que hay que cambiar. Una medida que amplía las iniciativas planteadas por el ecodiseño, a través del cual la UE proponía que se buscaran mejoras en el diseño de los productos para fabricarlos con materiales reciclables y que los componentes pudieran sustituirse con facilidad.

Además, con la aprobación de la resolución del derecho a reparar también se abrirá una nueva lucha contra obsolescencia programada de móviles, tablets y ordenadores a través del sistema operativo y los programas que incorporan.

Según el Eurobarómetro, el 77% de los ciudadanos de la Unión Europea preferiría reparar sus dispositivos en vez de reemplazarlos y el 79% cree que se debería exigir a los fabricantes que faciliten la reparación de dispositivos digitales o la sustitución de sus piezas individuales.

En otra resolución sobre la seguridad de los productos, los eurodiputados quieren que las plataformas y los mercados en línea tomen medidas proactivas para abordar las prácticas engañosas y exigen que las normas de la UE sobre seguridad de los productos se apliquen de manera rigurosa. Enfatizan que debe garantizarse el cumplimiento de las normas de seguridad de los productos, para los productos que circulan en la UE y se fabrican en la UE o fuera de ella, lo que permite una competencia leal entre las empresas y garantiza información fiable sobre los productos para los consumidores.

De todas formas, aunque se trata de un cierto avance, todavía no es suficiente. Se trata de una iniciativa más, como la que se creó en 2019 que obligaba a los fabricantes de algunos electrodomésticos a tener piezas de recambio durante dos años más. En la práctica eso no ayuda nada, porque el problema es que las reparaciones son tan caras que la mayoría de las personas prefieren comprar uno nuevo.

Parecen cuestiones de puro sentido común, más aún en la Europa Verde del que tanto se habla ahora, del Green Deal,que deberían de guiar la recuperación post Covid 19. Sin embargo, como ya he comentado en algunas otras ocasiones diversos sectores económicos no están por la labor, y sus intereses son los que mandan.

Hoy por hoy todavía la reparación y la reutilización siguen siendo la hermana pobre de la gestión de política de residuos, aunque en la jerarquía comunitaria en materia de gestión de residuos figure en el primer lugar junto a la prevención. A diferencia del reciclaje, la reparación permite la recuperación del producto con una relativamente baja aportación de materia prima. Teniendo en cuenta que el reciclaje se basa en la destrucción de los productos, muchas veces mediante agresivos procesos industriales, para la recuperación de materia y la creación de nuevos productos, debería de plantearse la reparación como alternativa.

Pero volviendo a la resolución aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 25 de noviembre, sin duda, hay que recibir con satisfacción pasos que se den en la UE en favor de la reparación y reutilización, aunque siendo conscientes de que hay que atravesar un largo recorrido legal y administrativo para que lleguen a plasmarse en obligaciones reales. Así qué esperanzados sí, pero con reservas.

A día de hoy en el Estado español no hay ninguna ley respecto a la obsolescencia programada. Existen ciertas leyes a nivel europeo que legislan en esa línea, pero no son de obligado cumplimiento. En 2013 se creó un dictamen en la UE respecto a la obsolescencia programada con el que algunos países van avanzando, como es el caso de Francia e Italia. En el caso de Francia, es el país europeo que cuenta con una cierta legislación, la más dura de Europa en la lucha contra la obsolescencia programada. La aprobó en 2015. Las marcas que incurran en estas prácticas pueden llegar a pagar multas de hasta 300.000 euros.

Sin duda, la solución a esta problemática está en el ecodiseño ecológico y en la economía circular. De esta forma se trata de conseguir algo muy sencillo: que al fabricar un bien tengamos en cuenta el residuo que va a generar para que este sea reutilizable, si es posible, al 100%. De este modo, en vez de seguir el paradigma de la economía lineal (produzco, uso, tiro) se pasaría al produzco, uso, reutilizo y reparo.

Legislar, pues, en este sentido implicaría hacer que las marcas aumenten la información para los consumidores sobre la reparabilidad del producto y con ello para que tengan los elementos adecuados para comprar de una forma clara en relación con su durabilidad; extender la vida útil del producto a través del apoyo a la reutilización y la reparación; incentivar que los productos se puedan reparar en cualquier tienda y no solo en servicios oficiales, y por tanto incrementar la puesta en marcha en el mercado de objetos de segunda mano reparados; que las marcas diseñen artefactos que permitan la extracción de piezas, componentes, baterías; rebajar impuestos a las marcas que lo hagan, como ya se hace en países como Suecia –en este país se ha reducido el IVA del 25% al 12% en la reparación de productos como bicicletas, ropas y zapatos–, y a la que van a seguir otros como Bélgica, Países Bajos y Polonia, y a los artesanos que a ello se dediquen; y perseguir y multar la obsolescencia programada intencionada.

La reparación de los bienes materiales favorecena un modelo de economía circular con el que además de reducir la generación de residuos también se reduce el consumo de materia prima para su producción, en un planeta, y no olvidemos, cuyos recursos son finitos.

El autor es experto en temas ambientales, Premio Nacional de Medio Ambiente y de Periodismo Ambiental de Euskadi