oincidiendo con el inicio del curso político, por más extraño y anómalo que sea este año como consecuencia de la pandemia, se han reactivado los trabajos de la Comisión Parlamentaria sobre el Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo que, según se nos dice, se encuentran en su recta final. De aquí han de salir unas conclusiones que en forma de recomendaciones se trasladarán al Gobierno para que, en base a ellas, se adopten las medidas oportunas para hacerlas efectivas. En principio, debería ser dentro del año en curso cuando deberían alcanzarse los acuerdos entre las formaciones políticas integrantes de la Comisión para que puedan ser incorporados a los Presupuestos del próximo año.
No está siendo nada fácil alcanzar estos acuerdos, que son los que han de proporcionar el marco en el que se desarrolle la actividad del gobierno (y las cámaras legislativas). A las dificultades objetivas que presenta en si misma una cuestión tan compleja, y tan importante, como la de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, hay que añadir las derivadas de la actitud que vienen manteniendo las formaciones políticas, no solo sobre este tema en particular sino también sobre la forma de concebir las relaciones entre sí y con las instituciones en general. Resulta muy difícil poder llegar a cualquier acuerdo, sobre pensiones o sobre lo que sea, si de antemano se parte de una posición contraria al pacto.
Por otra parte, la falta de estabilidad institucional de estos últimos años -legislaturas frustradas (en 2016 y 2019), prolongación anómala de gobiernos en funciones, prórrogas presupuestarias continuadas, ausencia de mayorías parlamentarias estables…- ha obstaculizado la continuidad de los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo. Como consecuencia de todo ello, las recomendaciones que la comisión tenía que hacer al Gobierno han ido sufriendo aplazamientos sucesivos hasta el momento actual, en el que la urgencia de las medidas a adoptar para hacer frente a la pandemia, y a los efectos que ésta va a tener, no es precisamente el marco más idóneo para poder ocuparse de otras cuestiones, por importantes que éstas sean como sin duda lo son las que atañen al mantenimiento del sistema público de pensiones.
En cualquier caso, y a falta de conocer el resultado final de los trabajos de la Comisión parlamentaria, que se nos dice está proximamo, su actividad ha proporcionado una buena ocasión para poder enterarnos de cómo están las cosas en este momento y cuáles son las expectativas, a día de hoy, sobre el mantenimiento y consolidación del sistema público de pensiones. En este sentido, interesa hacer una breve referencia (un articulo periodístico no da para más, aunque los temas que se suscitan sí merecen la mayor atención) a algunas de las cuestiones que se han planteado en los debates en el seno de la comisión y de los que hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación estos días.
Una cuestión que había venido siendo objeto de controversia era la de la revalorización de las pensiones, lo que por otra parte es un mandato constitucional expreso (art. 50), sobre la que parece que hay un principio de acuerdo para no desvincularlas del IPC. Se trata de un planteamiento que es preciso acoger favorablemente, sobre todo teniendo en cuenta que este asunto ha provocado fuertes controversias; en especial por parte de quienes sostenían que tal indexación de las pensiones (en función del IPC) comportaba alimentar un desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social que abocaba inevitablemente a una situación insostenible (posición que sigue manteniendo el Banco de España). En su lugar, se abogaba por ensayar complicadas formulas de revalorización de pensiones (IRP) al margen (y por debajo) del aumento del coste de la vida.
Una acogida igualmente favorable merece la propuesta de aligerar las cuentas de la Seguridad Social, hoy lastradas por los denominados “gastos impropios”, reubicando éstos en el lugar que realmente les corresponde en los Presupuestos Generales del Estado. Ello permitiría reequilibrar las cuentas de la Seguridad Social sin necesidad de tener que reducir las prestaciones económicas de los pensionistas ni tampoco aumentar las cuotas sociales, que constituyen actualmente su fuente de financiación y que no deberían cubrir otros gastos distintos de los de las prestaciones contributivas. Sin que ello sea la solución total de los problemas que hoy tiene la Seguridad Social, al menos serviría para poner un cierto orden en unas cuentas que lo necesitan de forma apremiante.
Persisten, sin embargo, las posiciones que cuestionan el sistema público de pensiones, esgrimiendo recurrentemente el argumentario de la insostenibilidad del sistema, lo que se pondría de manifiesto en el abultado desequilibrio entre los limitados ingresos provenientes de las cuotas sociales y los crecientes gastos derivados de las prestaciones de las que serían receptores un número cada vez mayor de pensionistas. No faltan, en apoyo de estas tesis, la exhibición de alambicados modelos actuariales con la pretensión de dar una fundamentación científica a lo que no deja de ser una opción netamente ideológica como es la de la reducción al mínimo de las prestaciones públicas, en favor del ensanchamiento al máximo del ámbito de lo privado, incluidas las pensiones.
Asimismo, no existe ninguna norma sagrada que prescriba que las fuentes de financiación de los gastos destinados a las pensiones tengan que reducirse obligatoriamente a las cuotas sociales, que además cubren otros gastos no contributivos cuya financiación sería más lógico que fuese mediante impuestos. Y, hablando de impuestos, tampoco constituye ninguna norma sacra que haya que seguir manteniendo un déficit de ingresos fiscales como el que tenemos en este momento en relación con nuestros vecinos europeos. Tan solo con equipararnos con ellos, en especial con los más avanzados, en cuanto al nivel de ingresos fiscales, tendríamos resuelto en buena medida el problema de la insuficiencia de recursos para hacer frente a los excesivos gastos, según los partidarios de su reducción al mínimo, ocasionados por la generosa y costosa protección social que disfrutamos.
Para finalizar, es preciso recordar que pocos asuntos hay que incidan en nuestras condiciones de vida diarias como éste de las pensiones, que de una forma u otra afecta a la totalidad de la ciudadanía (quien hoy no es todavía pensionista, algún día lo será). Conviene, por ello, dedicarle toda la atención que se merece, que a no dudar es bastante mayor que la que se dedican a otros temas que, sin embargo, ocupan un lugar central en la gran performance política a la que venimos asistiendo últimamente. Sirva como muestra ilustrativa la atención que han dedicado todos los medios al affaire de la presencia o ausencia del rey en la entrega de los despachos a quienes acceden a la judicatura, mientras pasan desapercibidos los trabajos finales de la Comisión del Pacto de Toledo sobre las pensiones. Se trata, ésta última, de una asignatura pendiente que, como los malos estudiantes, nos olvidamos de ella o la vamos aplazando repetidamente durante varios cursos mientras nos distraemos con otros quehaceres que proporcionan mayor relevancia mediática, aunque no tengan utilidad alguna ni aporten nada para afrontar los problemas que tenemos planteados en el momento presente, que no son pocos ni sencillos. Entre ellos, el del mantenimiento del sistema publico de pensiones.
El autor es profesor
