os estudios realizados hasta la fecha señalan a la Península Ibérica como una de las zonas de Europa más afectadas, si no la que más, por el cambio climático. Después de varias tentativas, el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética española se ha aprobado por el Consejo de Ministros el martes 19 de mayo -se vio paralizado por la convocatoria anticipada de elecciones en 2019-, con el que se pretende que sirva como hoja de ruta para cumplir con el Acuerdo de París, aprobado en diciembre de 2015, de lucha contra la emergencia climática: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y prepararse para los efectos ya inevitables de la alteración del clima.
“La obligación de limitar las emisiones condiciona las políticas sectoriales e implica cambios en los patrones de consumo”, introduce la ley, que recorre casi todas las actividades que acomete la sociedad. Porque lo que ha quedado ya claro es que la contención del calentamiento global de la Tierra, que deriva en el cambio climático y sus efectos -sequías, proliferación de temporales costeros, tormentas de virulencia creciente, inundaciones, olas de calor- pasa por recortar la cantidad de gases de efecto invernadero que la actividad humana lanza a la atmósfera.
El proyecto recoge que “a más tardar” en 2050, el Estado español deberá alcanzar la neutralidad climática. Para conseguir que las emisiones de CO2 supongan el mismo volumen que lo que puede absorberse en sumideros como los bosques, la primera necesidad es reconvertir la manera en la que se obtiene la energía de la que depende casi todo. El texto de la futura ley, que ahora iniciará su trámite parlamentario, establece que el sistema eléctrico deberá estar basado, exclusivamente, en fuentes renovables a mitad de siglo, en 2050.
Los planes son que en 2030 haya en el consumo de energía final al menos un 35% de renovables; un sistema eléctrico con, al menos, un 70% de generación a partir de energías de origen renovable; y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%, con respecto a la línea de base conforme a la normativa comunitaria.
Otra de las principales fuentes de emisiones de gases es el transporte: los coches, los camiones, los aviones o los barcos que se mueven a base de combustibles fósiles como la gasolina o el gasóleo. Para 2050 los turismos y vehículos que se muevan en el Estado español no podrán emitir gases de efecto invernadero.
Para llegar ahí, la ley prevé que a partir de 2040 los automóviles nuevos que salgan al mercado sean de cero emisiones. Ni un gramo de CO2 por cada kilómetro que recorran. Eso deja fuera a los vehículos diésel, gasolina e híbridos, tal y como los conocemos ahora. Además, el Gobierno español maneja que haya ayudas para la compra de coches eléctricos hasta 2025 cuando el IDAE prevé que su precio estará equiparado al de los de motores de combustión.
En esa línea, también se establece la obligación de que las gasolineras con mayor venta de combustibles cuenten con cargadores de al menos 50 kw instalados en unos dos años desde la entrada en vigor de la ley. El proyecto toca a la aviación y explica que establecerá objetivos de uso de biocarburantes avanzados.
La idea es que las ayudas de dinero público dejen de fomentar los combustibles fósiles, según exponen desde la Oficina de Cambio Climático. Así que posibles subvenciones tendrán que estar “justificadas” por motivos sociales o tecnológicos, dice el texto. Hacienda tendrá que hacer un informe sobre cada producto cada año. Se añade la prohibición de las nuevas prospecciones de hidrocarburos y el fracking.
Como colofón, el texto obliga a que los municipios de más de 50.000 habitantes adopten planes para que la movilidad urbana también rebaje las emisiones. Tendrán que facilitar los desplazamientos a pie o en bicicleta y mejorar el transporte público. También estarán obligados a desarrollar zonas de bajas emisiones donde se apliquen “restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones”. Estas zonas deberán estar establecidas en 2023 como muy tarde y si una administración planea desmontarlas, no podrá hacerlo sin contar con un informe previo del Ministerio de Transición Ecológica.
Sin duda, se trata de una buena noticia que por fin se ponga en marcha para hacer frente al cambio climático, y más en los momentos en que vivimos, con la actual pandemia del covid-19, que pone de manifiesto hasta qué punto es necesario actuar preventivamente contra riesgos globales graves, como es el caso de la crisis climática. Ahora bien, los objetivos de reducción de emisiones siguen siendo insuficientes y se sigue dando la espalda a las recomendaciones científicas que afirman que esta próxima década es decisiva para no superar el aumento de 1,5°C la temperatura global y evitar así los peores impactos del cambio climático. En 2030 se debería reducir las emisiones al menos un 55% respecto a 1990 y alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable. No se puede seguir sin dar la respuesta necesaria a la emergencia climática otra vez en la “nueva normalidad”.
Como muestra de lo que digo, está la posición de Naciones Unidas que plantea que, a nivel mundial, habría que reducir al menos un 7,6% anualmente las emisiones entre 2020 y 2030, mientras que el proyecto de la primera Ley de Cambio Climático del Gobierno español con un objetivo de 23% en 2030, supone una reducción de poco más del 3% anual.
En el caso de Euskadi, la ley vasca de Cambio Climático que estaba previsto que se aprobara en la última legislatura y que tenía objetivos más ambiciosos que la española, pero que no pudo hacerse por la convocatoria anticipada de las elecciones al 5 de abril, debería ser uno de los objetivos importantes de la legislatura próxima, una vez constituido el nuevo Gobierno Vasco.
Una Ley de Cambio Climático en Euskadi es absolutamente fundamental, por varias razones. En primer lugar, conseguir que Euskadi reduzca tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, es favorecer la transición hacia un modelo neutro en emisiones de gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, transformar el modelo de producción y acceso a los recursos naturales y energéticos. En segundo lugar, para actualizar, reforzar y dar soporte jurídico a los planes que se han elaborado durante los últimos años en el ámbito del cambio climático. En tercer lugar, para promover y garantizar la coordinación de todas las políticas sectoriales relacionadas con el cambio climático y la coordinación de todas las administraciones públicas vascas, así como fomentar la participación de la ciudadanía, de los agentes sociales y de los agentes económicos.
Y, en cuarto lugar, porque permite que nuestra comunidad se convierta en una comunidad que abandere la investigación y aplicación de nuevas tecnologías para sentar las bases hacia una economía descarbonizada y adaptada a los efectos climáticos.
El autor es Premio Nacional de Medio Ambiente y Premio Periodismo Ambiental del País Vasco 2019
