os firmantes de este artículo acudimos los días 10 y 11 de marzo, en representación de Sare, a entrevistarnos con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Fueron reuniones cordiales en las que se nos oyó y escuchó. Nuestro mensaje quiso ser una llamada de atención sobre la situación de emergencia de presos y presas vascos en relación a la enfermedad, el alejamiento y la progresión de grado. La gravedad de la situación causó preocupación en nuestros interlocutores.

En esos días ya se extendía la pandemia por Madrid y se iba haciendo viral el término de “colectivos de riesgo” entre los que se señalaba como especialmente vulnerables a las personas mayores. Pues bien las personas en prisión tienen todos los boletos: edades avanzadas, enfermedades muy graves, alejamiento familiar, opacidad de la información… y ahora en una cuarentena convertida en confinamiento por duplicado.

Esta semana del Día Internacional de la Salud (el 7 de abril) invita a recordar esta situación. El derecho a la salud es el derecho a la vida también de las personas en prisión. La prisión difculta enormemente el debido tratamiento médico y acorta la esperanza de vida de las personas gravemente enfermas, vulnerando el derecho a cumplir condena en su domicilio en esas circunstancias.

Solamente exigimos que se cumpla la ley evitando muertes en prisión. No lo permite el Derecho, como tampoco permite, por radicalmente injusta, la crueldad de Estado.

Exigir el derecho universal e irrenunciable a la salud de las personas en prisión es una responsabilidad colectiva, una parte del cuidarse mutuamente que ha sido sano leit motiv en la pandemia, y es requerimiento de una sociedad democrática. Las queremos vivas y en casa.

Red Ciudadana Sare