sistimos durante las últimas semanas a numerosas movilizaciones agrarias en respuesta a la permanente crisis a la que nos condenan los sistemas alimentarios impuestos desde las multinacionales y ejecutadas por los poderes públicos. La denuncia más clara se centra en la constante política de precios bajos a la parte productora. Una situación real y objetiva, pero que en nuestra opinión no es fruto de la casualidad y está muy ligada a las decisiones de suprimir todos los mecanismos de control de la producción, y a la constante dinámica de liberalización de los mercados internacionales mediante los correspondientes Tratados de Libre Comercio. En nuestra modesta opinión debemos centrar el debate en los cambios necesarios para posibilitar sistemas alimentarios más justos tanto para las personas productoras como para las personas consumidoras; sobre todo teniendo en cuenta que estamos en pleno proceso de debate de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), en el cual la propia Comisión Europea está planteando una nueva estrategia denominada “de la granja a la mesa”. Para esa nueva articulación desde Etxalde proponemos abordar las siguientes y reflexiones y propuestas.
Desde Etxalde queremos remarcar que es posible articular una nueva PAC en el que la Política Alimentaria ocupe la centralidad en las propuestas políticas y en las medidas a aplicar. Una implementación que incluye a las instituciones Europeas, los Estados miembro y también a los gobiernos y entidades locales. Un diseño que debe partir desde las realidades locales en el que los territorios deben tener la capacidad de diseñar sus objetivos en materia de alimentación (implica directamente a cuestiones de salud, empleo, gestión de bienes naturales, cultura…) y satisfaga las necesidades de su población. En definitiva un cuadro local en claves de máximo empleo, producción de calidad y cantidad suficientes al servicio de la población consumidora y los territorios. Y un marco europeo en el que la solidaridad y la sostenibilidad den cuerpo al concepto de justicia social en claves de desarrollo. Un marco europeo que debe articular los siguientes mecanismos para poder mantener e impulsar una Política Alimentaria y Agraria al servicio de las personas productoras, las consumidoras y la ciudadanía en su conjunto; en claves de desarrollo económico (aumento de personas productoras), social (alimentar a la población con alimentos sanos y de calidad, gestión adecuada de los bienes naturales) y culturales. Para ello es imprescindible:
-Mecanismos de control de la producción y una justa y equilibrada distribución de los volúmenes de producción entre los Estados miembro y las regiones que satisfagan sus necesidades alimentarias. Es imprescindible que estos mecanismos doten de una seguridad mínima a los precios de los alimentos para cubrir los costos de producción (incluyendo la remuneración del trabajo de las personas productoras).
-Eliminación de todas las medidas de restitución a la exportación de alimentos, incluyendo los créditos a la exportación y la ayuda alimentaria externa.
-Protección en las fronteras, limitando los derechos de importación de alimentos que se producen en Europa.
-Revisión de la Ley de Competencia, permitiendo a los representantes de la parte productora participar en los procesos negociadores de los precios y exigiendo a las partes acuerdos mínimos articulados mediante convenios y contratos que garanticen el cumplimiento.
-Dirigir exclusivamente las ayudas directas (primer pilar) a las personas productoras de alimentos como principales protagonistas y destinatarias. Establecer topes en las ayudas a percibir en base a la renta de referencia del año en curso y garantizar un sistema de ayudas justo y equilibrado entre las personas productoras y los territorios.
-Posibilidad de rescatar recursos económicos del primer pilar para la articulación de políticas de Desarrollo Rural.
-Articular políticas en Desarrollo Rural que fomenten una transición de la parte productora hacia modelos de producción sostenibles mediante medidas y ayudas específicas (incorporación de nuevas personas productoras, fomento en la trasmisión, agroambientales, dificultades orográficas y zonas desfavorecidas para la producción, incentivación de producciones forrajeras, multifuncionalidad, mantenimiento de productoras a pequeña escala, diversificación de la producción…).
-Desarrollar la transición hacia la producción sostenible mediante contratos territoriales individuales y colectivos; que incluyan la condicionalidad de una producción en base a tierra, la gestión sostenible de los bienes, el bienestar animal, un trato igualitario y digno a las personas con dedicación a cuenta ajena y satisfacer las necesidades alimentarias territoriales. Incorporando en este contrato un compromiso compartido explícito de acompañar en el enfriamiento del planeta.
La alimentación y el origen de la misma cada vez ocupan mayor espacio en el interés de las personas consumidoras. Hay indicadores que ponen de manifiesto esta constatación: la creciente demanda de centros escolares reivindicando una alimentación sana y local en sus comedores, la tendencia multiplicadora en busca de una relación más directa con la parte consumidora (miles de familias y cientos de personas productoras están organizadas en colectivos de consumo), el aumento del nivel de sensibilidad hacia los precios que percibe la parte productora, o el protagonismo que están adquiriendo los alimentos locales en las grandes superficies (el aumento de productos locales en los lineales se está convirtiendo en un elemento diferenciador).
Es imprescindible situar la alimentación local como eje vertebrador de las políticas públicas. La creciente demanda de que la alimentación local esté más presente en los comedores públicos (centros escolares, hospitales y las residencias significan los periodos más sensibles del ciclo vital de la persona) necesita de apuestas claras que marquen objetivos ambiciosos y puedan articular procesos de recuperación y generación de empleo en la fase productiva, además de incluirlas en la fase educacional y de cuidados de los espacios señalados. Es necesario superar los tímidos avances referidos a la gestión directa de comedores escolares a través de proyectos piloto. Es prioritario marcar objetivos a medio plazo para poder planificar las actuaciones. Proponemos que en el plazo de 5 años, al menos el 40% de la alimentación ofertada mediante compra pública sea local y de proximidad, priorizando nuevas incorporaciones en la parte productiva y producciones a pequeña escala. Y en el horizonte del año 2027 esa misma compra pública se sitúe en un 55%.
Dirigir la producción al consumo local (mercados locales, grupos de consumo, pequeño comercio, grandes superficies, nuevas tecnologías,...), es esencial para convertir el consumo en un elemento de transformación y soporte para los cambios que estamos planteando. Pero a su vez es incompatible con la promoción y apoyo público de modelos de producción industriales (caso de la fábrica lechera de 4.000 vacas en Caparroso, el megaproyecto de producción de tomate sin tierra e invernaderos de cristal de Espejo, los cebaderos de engorde de vacuno en la Ribera Navarra y Valdegovia, la ocupación masiva de nuestros montes mediante pino radiata y eucalipto,…). No es aceptable que los gobiernos de Gasteiz e Iruñea mantengan un discurso teórico para hacer justo lo contrario. La metáfora del KM0 no puede servir para todo, y afortunadamente la parte consumidora tiene la última palabra. Esa simple acción individual y colectiva de consumir alimentos locales en base a una producción sostenible económica, social y medioambientalmente está respondiendo cada vez con mayor claridad al concepto de “somos lo que comemos”.
En nombre de Etxalde Baserritarren Mugimendua: Go-tzon Sestorain Zabaleta, Amets Ladislao Gonzalez, Maitge Aristegi Larrañaga, Esti Besa Sanchez
