La exposición apologética de la dictadura en que la familia Franco y elementos de ultraderecha -con la colaboración de un tan extenso como inapropiado tratamiento mediático- convirtieron el jueves la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado a un panteón de propiedad pública en el cementerio de Mingorrubio debe llamar a la urgencia de la todavía pendiente extirpación de los restos del franquismo que, 44 años después, siguen condicionando al Estado español. La mera retransmisión detallada del proceso de exhumación y traslado de los despojos del genocida por la televisión pública TVE, incluida la cesión universal de las imágenes, supone un despropósito impensable en cualquier democracia por servir de reprochable vehículo de la vindicación del franquismo. Además, caracteriza la realidad de un proceso que ha tenido más de conveniencia política y electoral que de pretensión de cumplir con los principios y exigencias de una Memoria Histórica a la que la exhumación abochornó y que tras la misma sigue pendiente. Aunque desde el Gobierno de Pedro Sánchez se haya pretendido presentar la salida de los restos del dictador del Valle de los Caídos como hecho concluyente de la Transición, lo cierto es que fue apenas demostración evidente de las prerrogativas que se permiten todavía a los Franco y al franquismo en un Estado en el que la apología pública de un régimen fascista y genocida sigue sin ser delito a pesar de la aprobación de la llamada Ley de Memoria Histórica, que no satisface los principios de justicia exigibles e históricamente comunes a la conversión de estados dictatoriales en democráticos. De hecho, tras la exhumación del dictador y para enterrar definitivamente al franquismo, se exige todavía reparar gran parte de sus crímenes, toda vez que la Ley 52/2007 de 26 de diciembre “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura” no ha supuesto la anulación de las condenas impuestas por tribunales franquistas ni de los honores concedidos por la dictadura; tampoco que se haya procedido a reparar su expolio o a indemnizar a quienes padecieron su violencia, ni que se haya dado respuesta a las familias de los 114.000 asesinados que reposan en 2.500 fosas comunes, de los que más de treinta mil -entre ellos 1.231 vascos- siguen en el Valle de los Caídos.
