El seguimiento de la huelga convocada ayer en Catalunya, así como la participación en la manifestación en que confluyeron en Barcelona las cinco Marxes per la Llibertat, también la que protagonizaron por la mañana miles de estudiantes, en protesta por las condenas que impuso el Tribunal Supremo a los políticos soberanistas del procés evidencia tanto la fortaleza como la realidad de una reivindicación generalizada en la sociedad catalana, totalmente ajena a los oscuros disturbios que la distorsionan, en parte también por su hipérbole mediática y política. Que esos altercados casi siempre nocturnos, en cuyo análisis y narrativa determinados responsables políticos y medios han sido especialmente prolíficos, son en todo caso episodios minoritarios y no representan el sentir del soberanismo ha sido ya reiterado por sus distintos portavoces, que continuamente han abogado por la actitud pacífica. La mejor prueba de que es así está en el modo en que se desarrolló durante todo el día de ayer la masiva reivindicación, aunque en jornadas anteriores el temor a que el descontrol se generalizara haya impedido en algún momento a ciertos representantes institucionales, el president Torra incluido, la nitidez o presteza necesarias. Ahora bien, si es más que razonable pretender que los disturbios y altercados violentos que deforman la imagen del soberanismo y alteran la convivencia de la sociedad catalana tengan una respuesta política e institucional, contundente si es preciso, se antoja innegable que las reivindicaciones pacíficas y mayoritarias, como es el caso de las que enarbola desde hace años la sociedad catalana, hoy acompañadas de la exigencia de libertad de los presos del procés, y que se han venido reflejando en las urnas, deben obtener asimismo una reacción política e institucional adecuada a sus formas por parte del Estado. Reacción que, sin embargo, no se ha producido. Todo lo contrario, en un primer momento los tres poderes estatales, legislativo, ejecutivo y judicial, se concertaron para cepillar lo que la sociedad catalana había decidido y desarrollado por los cauces previstos en la ley. Y posteriormente se han limitado a una respuesta represiva de la disidencia pacífica tanto o más contundente de la que se emplea ante derivas violentas, siempre injustificables, que con su cerrazón únicamente contribuye a abonar, quizá con la intención de que ambas se confundan.
