La prolongación tras las elecciones generales del 28 de abril del proceso de lo que se han denominado negociaciones para la conformación de gobierno hasta que el próximo día 23 de este mes concluya el plazo preceptivo y se deba, en su caso, convocar nuevos comicios, el periodo estival y el antecedente de Mariano Rajoy en la IX legislatura, parecen haber contribuido a difuminar la realidad y los efectos de que el gobierno se mantenga “en funciones” durante cinco meses. La actitud al respecto, que se puede entender despreocupada o cuando menos dependiente de intereses partidarios, de las formaciones políticas llamadas a alcanzar un acuerdo que permita formar un gabinete, también ha contribuido; lo mismo que la coincidencia temporal con los procesos de formación de los ejecutivos en distintas comunidades autónomas. Sin embargo, la posibilidad de que PSOE y Podemos no alcancen ese consenso y se convoquen nuevas elecciones el 10 de noviembre, además de abrir la posibilidad a un cambio de mayorías y el consiguiente riesgo de involución adherido a un gobierno de la derecha, prolongaría aún más una situación en la que el ejecutivo, según se contempla en el Título IV de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, debe limitar su gestión “al despacho ordinario de los asuntos públicos”. Y ello implica la “no presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado”, la “no presentación de proyectos de ley en las Cortes Generales” y “no tomar decisiones, ordinarias o no, que puedan comprometer el programa político del Gobierno que le suceda”, tampoco “adoptar acuerdos de naturaleza política”. Y esas limitaciones en el ejercicio de gobierno supeditan el normal cumplimiento de compromisos adquiridos, desde los objetivos de déficit, como ha señalado el propio BCE en su quinto boletín económico del año al cuantificarlo en 10.574 millones en los seis primeros meses, un 27% más que en 2018, a las inversiones y transferencias pendientes en el caso de Euskadi. Pero también el lógico desarrollo de políticas y normativas imprescindibles para afrontar los desafíos que continuamente renueva la realidad de la Unión Europea, con la amenaza del Brexit en el horizonte, y de un mundo en vertiginosa transformación y en lo económico cada vez más competitivo.