El acuerdo de gobierno entre PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezkerra que conforma en la Comunidad Foral de Navarra un gabinete presidido por María Chivite -las tres primeras formaciones se reparten 13 consejerías, 8 del PSN, 4 de Geroa Bai y 1 de Podemos- supone, precisamente 24 horas después del fracaso de la investidura de Sánchez, el contraste de la capacidad de acordar entre diferentes que ya se había hecho patente en Navarra, en la anterior legislatura, y en prácticamente todas las legislatura en la CAV. No ya por el distinto resultado de la negociación, toda vez que los parámetros de partida en cuanto a presencia parlamentaria de los partidos también han sido otros, sino sobre todo por la diferencia en el esfuerzo negociador evidenciado por las cuatro formaciones navarras, especialmente por Geroa Bai con el fin de tratar de dar continuidad a las políticas de cohesión que inició el anterior gobierno presidido por Uxue Barkos hasta el punto de que, posiblemente, ha dejado en la negociación parte de las exigencias que por peso parlamentario y porcentaje de participación en el Gobierno hubiese podido plantear más allá de las consejerías de Desarrollo Económico y Empresarial; Desarrollo Estratégico y Territorial; Relaciones Ciudadanas; y Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Un contraste que también es evidente en la configuración de las conversaciones a partir del intento de conjunción de los diferentes planteamientos prográmaticos para a continuación trasladar ese acuerdo a la estructura del ejecutivo. El acuerdo en Navarra, al que en todo caso no se llega sin dificultad, tampoco sin presiones contrarias a su consecución, sitúa además a EH Bildu en la tesitura de permitir un proyecto de gobierno con el que podría compartir afinidades y que se constituye alternativo al de la conjunción de la derecha en Navarra Suma. A esta, además, la dejaría en la difícil disyuntiva de depender para ejercer labor de oposición durante toda la legislatura de una formación que ha demonizado continuamente lo que, de confirmarse finalmente la investidura de María Chivite y la conformación de su Ejecutivo, supondría una variación notoria en las prácticas que durante décadas han condicionado la actividad política y parlamentaria en la Comunidad Foral.