La entrega ayer en el Congreso de un millón de firmas en favor de la despenalización de la eutanasia obtenidas a través de las iniciativas del médico Marcos Hourmann, primer condenado en el Estado en 2005 por practicarla, junto a Ángel Hernández, cuyo caso está pendiente de resolverse en un juzgado de violencia de género tras ayudar el pasado abril a morir a su mujer enferma de esclerosis múltiple, la de la familia de la portugaluja Maribel Tellaetxe y la de la viuda de Luis de Marcos rescata de nuevo un debate en el que la legislación y quienes la deben desarrollar van muy por detrás de la sociedad. De hecho, la estadística al respecto se repite tozudamente y sitúa a ocho de cada diez personas -86% en Euskadi- a favor de regular la capacidad para decidir sobre la muerte propia sin que hasta la fecha se haya producido cambio alguno en el artículo 143.4 del Código Penal, que sigue castigando desde hace décadas con penas de prisión el acto humanitario de ayudar a morir a quien así lo solicita por sufrir una enfermedad irreversible o padecimientos graves e insoportables. Mientras tanto, además, la única iniciativa parlamentaria de despenalización que parecía responder a esa demanda social de humanización de la muerte en determinados casos, la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, presentada por el PSOE en mayo de 2018, sigue más de un año después en la Mesa del Congreso, donde la bloqueó Ciudadanos, y a la espera de que un acuerdo de investidura o gobierno permita su reactivación. El bloqueo de la propuesta, más allá de la exigencia de que esta responda a los fundamentos de la integridad y la dignidad humanas, es otra evidencia del ejercicio de la política en parámetros alejados de las demandas sociales. Las consecuencias de la parálisis institucional, como expresaron ayer los propios promotores de las iniciativas que han recabado el millón de firmas, otra demostración de la irresponsabilidad que supone la dilatación de los tiempos y negociaciones en la formación de gobierno. Porque, en todo caso, no hay más motivos que los ideológicos, o la influencia en estos de credos concretos, para impedir una regulación siempre que la misma prevenga la eugenesia y no condicione la aplicación, por aquellos que así lo prefieran, de las ya vigentes normativas sobre muerte digna o cuidados paliativos.