La práctica certeza de que, como cada verano, la presión migratoria en las fronteras de la Unión Europea y el acceso de los inmigrantes también a Euskadi experimentarán un repunte conlleva una necesidad de respuesta que, de nuevo, ofrece un contraste entre el primer ámbito, donde a duras penas se ha tratado de contener esa presión, y el más cercano, en el que los esfuerzos políticos e institucionales se dirigen a encauzarla. Que el Gobierno Vasco, junto a Cruz Roja y los ayuntamientos de Bilbao, Donostia, Gasteiz e Irun hayan diseñado un plan de contingencia que contempla dar atención a entre 250 y 600 inmigrantes diarios y que en el último año la ha ofrecido a 8.662 personas -de los que menos del 2% se han quedado entre nosotros- es en la práctica la actitud proactiva y de raíz profundamente humanitaria que tanto se ha echado en falta entre Estados miembro de la UE, una actitud que sin embargo Euskadi ha compartido a través de la propuesta Share sobre la responsabilidad de acogida, siquiera en un primer momento, en virtud de los ingresos fiscales, la población y el desempleo de cada ámbito territorial. No en vano, la experiencia confirma que los movimientos migratorios no se establecen con destinos casuales sino que lo hacen en la mayor parte de los casos con ellos prefijados por aspectos muy concretos como la presencia en los mismos de familia o comunidades afines que, en principio, deberían contribuir a su integración en unas sociedades que tanto por declive demográfico como por carencias en el mercado laboral les necesitan. Junto al análisis de la situación y de las necesidades en origen, en el caso de Europa especialmente África, la constatación de esa realidad debería contribuir a prever las características de la presión migratoria para dirigirla, superando las resistencias de aquellos Estados renuentes a admitir que se trata de un compromiso a enfrentar mientras persistan amplísimas áreas de subdesarrollo y conflicto. Porque no se trata -o no solo al menos- de golpear los muros, de exigir responsabilidades sobre los miles de muertos en el Mediterráneo (18.700 hasta este año según cifras oficiales) o sobre la devolución de decenas de miles y ahora retenidos en Libia como pretende la demanda, de previsible recorrido, interpuesta por juristas internacionales ante la Corte Penal Internacional. Se necesitan propuestas, cauces que los atraviesen.