Aún sin haber dado comienzo oficialmente la campaña para las elecciones generales del día 28, la política estatal ha entrado en una exaltada vorágine declarativa de propósitos en la que solo importa el impacto inmediato de lo anunciado en los targets de electores que se pretende convertir en votantes. En ese contexto, azuzada por la irrupción de Vox y su discurso xenófobo y retrógrado, ubicado ideológicamente en el pretérito de la democracia, las otras dos formaciones de la derecha española, Partido Popular y Ciudadanos, se han desatado, entrando de hoz y coz en una pugna por mostrar perfil nacionalista español que excede hasta los propios límites de la ley y emana tufo de imposición frente a derechos sociales y políticos asentados hace cuatro décadas en la transición desde la dictadura al Estado de las autonomías como reflejo formal de un sistema democrático. Recentralización del Estado con más presencia de este en las CCAA y no cesión de competencias pendientes, prevalencia de las FSE, preeminencia del castellano como lengua vehicular, derogación de la ley de Memoria Histórica, aplicación indefinida del artículo 155 en Catalunya (y advertencia al respecto a Euskadi), obligación estricta de acatamiento constitucional, consolidación y ampliación de la reforma laboral y de las pensiones... son algunas de las quinientas medidas que prometen Pablo Casado y el Partido Popular. Pugnando pero codo a codo con ellos, Ciudadanos y Albert Rivera, que han reiterado en varias ocasiones su voluntad de gobierno con los populares, añaden además una reforma electoral que minimice el peso político de las formaciones nacionalistas, una reforma educativa, la enésima, que incluya una selectividad única en todo el Estado y una actualización a asignatura de la Constitución Española de aquella franquista Formación del Espíritu Nacional, y una voluntad explícita de poner fin al Cupo y al Convenio, es decir, al sistema foral. Poco importa que con todo ello se sumerjan en la incongruencia de declararse exigentes defensores de la constitucionalidad mientras pretenden ignorar preceptos propios del bloque legislativo que la define. Lo que se pretende es que las elecciones giren en torno a una particular idea de España enfrentada a supuestos enemigos -y valen los nacionalistas o los inmigrantes- ante la incapacidad para desgranar propuestas que den solución a los problemas de bienestar de sus ciudadanos.