La ausencia siquiera de una tibia corrección desde el PP del País Vasco al tremendo despropósito del presidente del partido, Pablo Casado, cuando este aboga por dar prevalencia a las FSE sobre la Ertzaintza y su silencio ante su pretensión de eliminar la consideración del euskera como lengua vehicular y requisito para acceder a la Administración, poniendo en cuestión dos de los pilares fundamentales del autogobierno vasco, retrata una vez más la falsedad del compromiso con el Estatuto de Gernika que pretende difundir el Partido Popular. Que la única reacción a la ignorancia de los preceptos estatutarios (arts. 6 y 17.1) y constitucionales (arts. 3.2 y 149.1) por parte de Casado haya llegado ante las preguntas de los informadores al presidente del PP en Araba, Iñaki Oyarzábal, y que dicha reacción se haya limitado a afirmar que la intención anunciada sobre la Er-tzaintza no está en su programa electoral no puede, en todo caso, llamar a engaño de la auténtica voluntad política de los populares. Ya en 2014, tras la desaparición de ETA, el PP del País Vasco apoyó la posición del entonces ministro del Interior, hoy defenestrado por el escándalo de la policía política, Fernández Díaz, contraria al repliegue de las FSE en Euskadi a las labores “extracomunitarias” a que les limita la norma. Y ya en 2015 y 2016 callaron ante los recursos del Gobierno de Mariano Rajoy y el bloqueo de las promociones 25ª y 26ª de la Ertzaintza, que debían completar el despliegue de 8.000 efectivos de la Policía Vasca acordado en la Junta de Seguridad. Ya en 2009, su entonces candidato a lehendakari, Antonio Basagoiti, abogó por “eliminar la imposición del euskera del sistema educativo” y en 2014 el PP de Arantza Quiroga mantuvo silencio ante la invasión competencial impulsada por el ministro Wert a través de la Lomce y la pretensión inicial (explicitada en su art. 38.4 y su disposición adicional 39) de limitar el peso del euskera en la educación. Y ya antes de que hace una semana el PP del País Vasco volviera a hacer explícito su compromiso de eliminar el requisito del euskera (primera lengua del 30% de la sociedad vasca) en la administración, el PP defendía en 2009 acabar con los perfiles lingüísticos en las OPE ignorando además de los preceptos estatutarios y constitucionales la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias y el art. 3 del Tratado de la UE sobre diversidad cultural y lingüística.