De la triple grave crisis a que se enfrenta Venezuela -económica, política y, a consecuencia de ambas, social-, la duplicidad institucional en que han sumergido al país las decisiones autocráticas de Nicolás Maduro y algunas de las reacciones opositoras a estas no debería ser la más difícil de afrontar si se pretende evitar una confrontación civil larvada desde las protestas de 2017 con más de centenar y medio de muertos. Que en el país caribeño compitan una presidencia, la del propio Maduro, surgida de un proceso electoral más que cuestionado en cuanto a su pulcritud democrática, y otra presidencia, la de Juan Guaidó, proclamada en virtud de una interpretación determinada de la Constitución de Venezuela (arts. 233 y 350) y al tiempo una Asamblea Nacional surgida de una cita con las urnas con aval democrático y otra Asamblea Constituyente impulsada y formada de modo abusivo desde el ejecutivo chavista solo puede superarse, como apunta la Unión Europea, con el compromiso de una nueva convocatoria electoral, esta con garantías democráticas, supervisión internacional y la participación de todos los sectores políticos. También aquellos que declinaron tomar parte en las últimas presidenciales de mayo del pasado año sobre las que Maduro, escueto ganador de las anteriores elecciones a la presidencia con un punto de ventaja sobre su rival, Enrique Capriles, pretende extender ahora una dudosa legitimidad presidencial hasta 2025. Y siendo esto obvio, las presiones y alineamientos de la comunidad internacional en apoyo de Maduro o de Guaidó solo contribuirán a la solución de la crisis si sirven para empujar a ambos al diálogo y el acuerdo sobre ese nuevo proceso electoral, que no puede ponerse en riesgo por intereses totalmente ajenos a Venezuela y que solo utilizan la crisis de aquel país como excusa para la pugna política en otras latitudes, incluido el Estado español. Tampoco, en todo caso, debe dilatarse en el tiempo porque es real el riesgo de que los extremos más recalcitrantes de los difusos conglomerados que forman la estructura del régimen bolivariano y los más insatisfechos y exaltados que se alinean en la oposición, así como los propósitos geoestratégicos de las potencias, confundan las prioridades y acaben provocando un estallido violento de alcance y consecuencias impredecibles en Venezuela y en toda Latinoamérica.