Esta mañana está convocada en el Ayuntamiento de Gasteiz una reunión interinstitucional con el objetivo de que el Ministerio de Fomento presente su proyecto de integración soterrada del ferrocarril en la ciudad. Al margen de opiniones a favor o en contra o de los matices en torno a ellas, a nadie se le oculta la incidencia de dicho proyecto en la ciudad, ya sea simplemente por el evidente tránsito ferroviario por el núcleo urbano, ya sea por el impacto que su soterramiento supondría para la ciudad. Y el ministro de Fomento, el socialista José Luis Ábalos, se encontrará con la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, apenas 48 horas después de que el delegado del Gobierno español en la CAV, Jesús Loza, manifestara sus dudas sobre la posibilidad de cumplir el plazo de 2023 establecido para la puesta en marcha del Tren de Alta Velocidad. La rebaja de la inversión prevista en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 con respecto a 2018, que pasa de 299 millones de euros destinados al TAV a 234 millones -rebaja amortiguada por Loza con el argumento de que la inversión en 2018 fue excepcional, teniendo en cuenta que en 2017 esa partida ascendió a 178 millones- ha sido interpretada como un freno al TAV y resulta particularmente llamativa en un contexto en el que el Gobierno de Pedro Sánchez necesita ineludiblemente de los votos del PNV en el Congreso para sacar adelante sus Cuentas. Irremediablemente, ese retraso sugerido en la puesta en marcha del TAV se acaba relacionando también con el proyecto de soterramiento planteado para Gasteiz, teniendo en cuenta que la inversión global prevista en el proyecto presupuestario de Sánchez para la CAV también baja. Además, no hay que olvidar que no será Ábalos ni el primer ni el segundo ministro de Fomento, tanto de PSOE como de PP, que visita Vitoria con un plan más o menos avanzado para soterrar la línea ferroviaria. Ábalos parece ser consciente de todo ello y aprovechó un acto con el PSE alavés a última hora de la tarde de ayer para declarar su compromiso con la fecha de 2023 y avanzar que la inversión del soterramiento ascenderá a 680 millones de euros, 140 más de lo calculado inicialmente. En cualquier caso, con las dudas sembradas por Loza, la incertidumbre en torno a los Presupuestos Generales del Estado y los precedentes, el reto para el Ministerio de Fomento es dotar de credibilidad y contenido su apuesta por el proyecto del soterramiento.