pronto ha quedado negro sobre blanco la ficción de que el PP y Ciudadanos se bastaban por sí solos para desalojar al socialismo andaluz del Palacio de San Telmo, por mucha pompa y boato con los que revistieron su acuerdo programático. Porque raudamente ha asomado la patita -misógino apéndice- la ultraderecha de Vox con su veto a todo lo relativo a la ley de prevención y protección integral contra la violencia machista contenido en tal pacto. La resultante es una tensión creciente entre las tres derechas que pone en teórico riesgo la investidura del popular Moreno Bonilla prevista para el próximo día 16, con la dupla PP-Ciudadanos sin margen para atenuar su compromiso en una materia tan relevante y con Vox preso de su doble promesa de relevar al PSOE de la Junta de Andalucía pero también de oponerse a “la dictadura de género”, según su terminología delirante. Más allá de cómo se recomponga, esta fractura evidencia la inconsistencia del tripartito fáctico, aunque las consejerías se las repartan entre dos siglas. Una fragilidad ante todo aritmética no por reemplazar a la fuerza más votada sino principalmente porque entre el PP y Ciudadanos suman menos escaños que el PSOE más la izquierda de Adelante Andalucía. Un binomio progresista este último mucho más legitimado por consiguiente para gobernar desde la premisa prepolítica de que al fascismo -en este caso, además de supremacista racial y religioso, también contrario al Estado de las Autonomías consagrado por la Constitución Española- no se le debería permitir bajo ningún concepto determinar la sostenibilidad y mucho menos el programa de un gobierno democrático. Sin embargo, el PP de Casado tiene ya interiorizado que no caben líneas rojas para recuperar en este año netamente electoral el poder institucional extraviado y que la pugna no se establece directamente con el PSOE sino por el liderato en el espectro a la derecha del socialismo, también en lo que atañe al asalto a la Moncloa. Así que el ejemplo andaluz constituye con meridiana claridad el paradigma de lo que está por venir en todos los estratos de la Administración. Ante esa colosal amenaza, el resto del arco político debería tejer complicidades sin maximalismos para procurar una gobernanza de alcance general respetuosa con la pluralidad y que atienda a las urgencias sociales desde una gestión presupuestaria rigurosa y honesta.
