Y sin embargo la cumbre del Consejo Europeo que se celebra hoy y mañana en Bruselas volverá a estar condicionada por el Brexit. Como ya estuvo el Consejo del 17 de octubre. Y el del 28 de junio. O el del 22 de marzo. Sin olvidar la cumbre extraordinaria del 25 de noviembre. Pero Theresa May, la todavía primera ministra británica, aún pide tiempo. Ayer, al llegar a la capital política de la Europa que pretende abandonar, afirmó que no espera de los 27 de forma inmediata las garantías que necesita para que los Comunes aprueben el acuerdo del Brexit, pero confió en trabajar sobre ellas “tan pronto como sea posible”. Ese tiempo no existe. En primer lugar, porque el Consejo no negocia ni adopta legislación, aunque sí establece las decisiones políticas generales de la Unión a través de sus conclusiones. También porque el Brexit no puede seguir suponiendo un problema irresuelto que lastra al Consejo en la toma de esas decisiones en aspectos claves de la política común. Ayer y hoy, sin ir más lejos, sobre migración, seguridad, defensa o economía. Con aspectos tan relevantes como la continuidad y efectos de lo que fue el Acuerdo de Schengen, la propuesta de un ejército común que pretenden Berlín y París, las relaciones con Rusia -en plena crisis del conflicto en Ucrania- o, sobre todo, la reforma de la Eurozona y la aprobación de un marco financiero plurianual. Todos ellos claves para definir lo que debe ser la Unión Europea al menos en la próxima década y todos ellos condicionados por la resolución final del proceso que el Gobierno británico puso en marcha hace ya 21 meses, el 29 de marzo de 2017, al recurrir unilateralmente al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Mirando ya a las elecciones al Parlamento Europeo de mayo, Europa precisa decisiones inmediatas. No puede esperar. Mucho menos acomodar sus tiempos a las necesidades no ya de Gran Bretaña -ese esfuerzo quizá pudiera permitir otros horizontes- sino de la propia Theresa May, que ha llevado al Brexit a donde ni ella, nunca demasiado partidaria de la decisión pero empeñada en respetar el resultado del referendum de junio de 2016, ni casi nadie en Gran Bretaña quería. No, desde luego, los brexiters favorables a dejar la UE ni los eurófilos contrarios a la salida, como se demuestra en Westminster. Y es en esa Cámara de los Comunes y no en el Consejo Europeo donde May debe hallar la solución, o poner fin, al problema.