La aprobación por parte del Consejo de Ministros de ayer del real decreto ley que modifica la ley de Memoria Histórica de 2007 abre el proceso para exhumar con pleno soporte legal los restos mortales del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Una decisión que aunque llega excesivamente tarde y envuelta en cierta polémica alimentada por la situación política y la búsqueda de réditos electorales, descansa sobre principios democráticos básicos de respeto a las víctimas y a la verdad. La exhumación de quien lideró una rebelión militar contra la República -y, por tanto, contra la legalidad, traicionándola-, provocó y dirigió una guerra que costó centenares de miles de muertos y acaudilló un régimen dictatorial y liberticida de corte fascista con miles de represaliados y víctimas era necesaria y urgente. Un criminal como Franco no puede estar enterrado junto a quienes fueron asesinados bajo su yugo. El decreto ley, en este sentido, pone fin a una afrenta histórica con las víctimas. No era de recibo que cuatro decenios después siguiera manteniéndose una situación a todas luces anómala desde los puntos de vista democrático, ético y político. Las acusaciones del Partido Popular y de Ciudadanos, que se oponen a la exhumación con el argumento de que se realiza mediante un decreto ley y rechazan la urgencia de la medida, solo se sostienen en el contexto de búsqueda de desgaste del Gobierno. El traslado de los restos mortales del dictador cumple diversas recomendaciones, tanto las realizadas por la Comisión de Expertos de 2011, como del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Además de proceder a la exhumación, es el momento también de reflexionar sobre el futuro del Valle de los Caídos, un lugar que alberga los cuerpos de casi 34.000 personas, muchos de ellos combatientes de ambos lados en la guerra y que ha sido utilizado habitualmente para la exaltación franquista. Es obligado estudiar y acometer, en su caso, su transformación en un lugar de memoria y verdad o incluso puede plantearse su demolición. En cualquier caso, la exhumación de Franco -prevista para final de año- debe dar paso a una nueva etapa de dignificación de las víctimas y poner fin a cualquier tipo de apología franquista donde están enterradas.