En el pulso que vive la derecha española por definir quién lidera ese sector ideológico, el componente identitario ha ganado la partida al modelo socioeconómico. No es extraño en la medida en que el discurso de Ciudadanos en materia socioeconómica, profundiza en barrer recursos hacia la metrópoli administrativa-institucional de Madrid, con la presunción de que desde ahí se reparte mejor, y no a construir una alternativa de suficiencia financiera para el modelo de Estado descentralizado que consagra la Constitución. Pero en esa pugna se está desnaturalizando precisamente ese modelo. No se trata ya de que pretenda amortizarse la diferenciación que el texto del 78 establece entre las entidades preexistentes a ese mismo texto -los territorios forales- y las de régimen común. Ese error ya se cometió en las décadas posteriores por los gobiernos socialistas, primero, y populares, después. La amenaza sobre el modelo viene del intento de laminar la especificidad, borrar la visibilidad y el músculo político de las minorías que lo son en el Estado pero son mayoritarias en su ámbito sociopolítico natural. El consabido señalamiento del nacionalismo periférico -vasco, catalán y gallego- como exluyente está en manos de un nacionalismo español aplastante que trata de invisibilizar otras sensibilidades. La advertencia realizada ayer por el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, debe enmarcarse en este contexto. Una reforma de la ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) como la que propone el PP aplicando mayorías absolutas al ganador a partir del 30% de los votos en el ámbito municipal va en contra del escenario proporcional con el que flirtearon Ciudadanos y Podemos este mismo año. Pero en el desarrollo de ambas también se pretende una menor representación de los partidos de ámbito territorial para evitar su papel de bisagra parlamentaria. En este contexto, una modificación profunda en esta dirección, que refuerce el peso de las fuerzas de ámbito estatal y minimice a los más representativos en ámbitos territoriales específicos rompe la estabilidad en el Estado porque redefine las normas de participación de los ciudadanos vascos, catalanes o gallegos en él. Sería una ruptura unilateral de un pacto de convivencia de mutuo reconocimiento, fracturándolo por una imposición.