la verdad jurídica, y más en concreto la praxis judicial, vuelven a chocar frontalmente con la lógica digamos civil en el llamado caso de La Manada, la autodenominación de los cinco integrantes del grupo penado en primera instancia a nueve años de cárcel por abuso sexual a una joven madrileña en la primera noche de los Sanfermines de 2016. Si la condena inicial ya suscitó una indignación colosal por desestimar la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra el delito de agresión sexual o violación, cuando en los hechos probados la resolución aludía a una víctima atemorizada y sometida -necesariamente por una intimidación colectiva que sin embargo se soslaya-, el anuncio de la excarcelación de los cinco reos aun con medidas cautelares ha generado una alarma social sin precedentes, en particular en la Comunidad Foral y más específicamente en Pamplona/Iruña. Así quedó de manifiesto con la irritación expresada en las redes sociales nada más conocerse la noticia al trasladársele a los reclusos antes que notificarse a las partes, un enojo amplificado en la calle con concurridas movilizaciones de urgencia. A falta del pormenorizado análisis del argumentario de los dos magistrados que decretan la libertad provisional -a Ricardo González se ha sumado ahora Raquel Fernandino dejando en minoría a José Francisco Cobo, presidente del tribunal-, resulta desde luego más que cuestionable que haya desaparecido el riesgo de fuga apreciado anteriormente en tres ocasiones, dado que los cinco condenados se enfrentan a una revisión de la pena en otoño que podría duplicar los nueve años de cárcel ya impuestos de estimarse esta vez la agresión sexual. Pero lo que escapa al raciocinio común es que haya podido refutarse el riesgo de reiteración delictiva, pues La Manada se comportó en el portal de Paulino Caballero como un grupo perfectamente organizado, actuando con premeditación a la vista de sus whatsapps previos como palmario testimonio de menosprecio de la mujer, reducida a un mero objeto sexual. Una consideración que también quedó acreditada, mediando otra prueba audiovisual grabada por esa verdadera jauría, con el precedente del manoseo en Pozoblanco a una joven inconsciente que según su versión fue arrojada violentamente del coche donde ocurrieron los hechos. Así que la alarma social por la laxitud judicial sobre los delitos sexuales se torna también en una verdadera alerta ciudadana, con estos sujetos libres en las fiestas de verano.
