La ciudadanía vasca quiere decidir su futuro. Así lo ha venido expresando en numerosas ocasiones y de diversos modos a lo largo de los últimos años, incluidas convocatorias electorales en las que las formaciones que concurrían a las mismas con un apoyo explícito al derecho a decidir en sus programas han resultado mayoritarias. Ayer este clamor se volvió a visualizar de manera muy potente y muy evidente con la celebración de la multitudinaria cadena humana convocada por Gure Esku Dago que unió las tres capitales de la comunidad autónoma vasca y en la que participaron más de 175.000 personas. Sin duda, una de las mayores movilizaciones que han tenido lugar en Euskadi y la más numerosa para exigir la participación social directa en la definición de su futuro político. La movilización ciudadana es, hoy por hoy, una de las grandes herramientas de cambio social. Se ha podido comprobar, por ejemplo, con las masivas manifestaciones que han tenido lugar en las últimas semanas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres o para las reivindicaciones de los pensionistas y cuya repercusión ha tenido una traslación real y directa en los últimos y trascendentales acontecimientos en el Estado. En lo que respecta al acto de ayer, el éxito indudable de la cadena humana evidencia que la reivindicación del derecho a decidir no se circunscribe al ámbito abertzale y ha logrado conectar con amplias capas sociales desde la pluralidad y transversalidad de planteamientos, ideologías y propuestas. Ahí, en su no patrimonialización por ningún grupo político o ideológico, y su apertura a todos los sectores y a la ciudadanía -mediante la participación social, como los debates abiertos por Eusko Ikaskuntza- radican también las posibilidades de futuro para la materialización del derecho a decidir. La cadena de ayer coincide, no por casualidad, con el debate en la ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco, que persigue alcanzar un consenso, necesariamente plural, mediante un acuerdo sin vetos en la Cámara que se someta a la consulta de toda la ciudadanía y posteriormente se pacte de forma bilateral con el Estado. Es en esos términos en los que la participación social y la movilización cobran sentido pleno como soporte y garantía del ejercicio plenamente democrático y libre del derecho a decidir y de la convivencia normalizada.