El Gobierno de Pedro Sánchez parece empeñado en lanzar mensajes en cierta medida conciliadores dirigidos a abrir una nueva etapa de mayor distensión en diversos ámbitos frente al clima de confrontación que se ha vivido en los últimos años durante la gestión del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Si ya el viernes el gabinete socialista mostró signos de acercamiento hacia Catalunya, con el anunciado levantamiento de la intervención gubernamental sobre las cuentas de la Generalitat y la llamada del propio Sánchez al president Quim Torra para una próxima cita, ayer la nueva ministra de Administración Territorial y Función Pública, Meritxel Batet -catalana, por cierto-, insistió en su primera intervención pública en la necesidad “urgente, viable y deseable” de reformar la Constitución. Según adujo la ministra, el pacto territorial alcanzado en 1978 está “en crisis”, a la que se ha sumado otra “crisis democrática” que obligaría a redefinir un nuevo modelo territorial para el Estado español. Es obvio, y tiene toda la razón Batet, que existe una crisis en el modelo de Estado. Se ha demostrado ampliamente ante las demandas de mayor autogobierno que han venido planteando en los últimos años tanto Euskadi como Catalunya, que han sido respondidas con una absoluta cerrazón y el cierre de puertas al diálogo. Además, existe una peligrosa corriente de opinión en amplias capas de la sociedad española, alimentadas por élites políticas y mediáticas -y que han liderado los sucesivos gobiernos españoles- con el objetivo de forzar una recentralización del Estado mediante el menoscabo del autogobierno y la ilegítima usurpación de competencias a las comunidades autónomas y la reducción de capacidades propias como el Concierto y el Cupo. Por ello, el planteamiento de la ministra -entendida como propuesta del Gobierno Sánchez- de abrir el melón constitucional podría llevar a una reforma cabal, respetuosa con los hechos diferenciales, los derechos históricos y las demandas ciudadanas, si se aborda dentro de un debate leal y democrático que diese como fruto un nuevo marco en el que las nacionalidades estén cómodos en un acuerdo de convivencia, o, por el contrario, cabe el riesgo de involución mediante una reforma que estrangulase aún más la capacidad de autogobierno. Es lo que debe concretar el Gobierno de Sánchez sobre su propuesta, que deberá buscar el máximo consenso mediante el diálogo.
