El Parlamento Vasco inició el pasado viernes la esperada reforma del gran pilar del estado de bienestar y la solidaridad en Euskadi en los últimos treinta años, la denominada RGI. La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, explicó ante la Cámara las líneas maestras de lo que será la futura ayuda después de que los grupos que sustentan el Gobierno Vasco, PNV y PSE, presentaran la proposición para la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos y la Inclusión, en línea, también, con las directrices que ya marcara la titular del Departamento hace casi un año, el 31 de mayo pasado. Más allá de la opción elegida para su tramitación -criticada por la oposición por ser presentada por los partidos y no por el Gobierno, que defendió el sistema en aras a su agilización-, el arranque del procedimiento parlamentario para la reforma de la RGI supone la oportunidad de dar cauce a las nuevas realidades y demandas que, hoy por hoy, existen en Euskadi con respecto a las necesidades de protección y bienestar social y de búsqueda de herramientas eficaces y sostenibles para luchar, desde las bases de la solidaridad, contra la exclusión social y la pobreza en cualquiera de sus formas. No hay que olvidar que desde que se anunció este proceso de reforma hace un año, las diversas organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi han hecho sus aportaciones y propuestas para esta reforma, que es una demanda generalizada en el ámbito socio-político vasco. Las orientaciones previstas para la nueva RGI, tal y como las planteó la consejera, apuntan a que van dirigidas a atender las reivindicaciones que se han venido planteando en los últimos años para atender en especial a los colectivos más desfavorecidos -por ejemplo, los pensionistas con rentas más bajas, para los que se prevé una ayuda específica-, el incremento de la cuantía máxima y la nueva definición de las “unidades convivenciales”, así como el incremento de los necesarios controles para garantizar que las ayudas llegan realmente a quien más las necesita. En definitiva, la nueva RGI que ya ha empezado a avanzar en el Parlamento Vasco debe, manteniendo el espíritu de solidaridad y cohesión, corregir algunas deficiencias y abordar las nuevas necesidades de las personas vulnerables. Una tarea para la que todos -también la oposición- están llamados a contribuir, sin demagogias, oportunismos o intereses partidistas o electoralistas.
