La constitución ayer de la Asamblea Nacional de Cuba con el juramento de los 604 diputados salidos de los comicios del pasado 11 de marzo da inicio a la IX legislatura y, más relevante, a la continuidad del castrismo por primera vez sin un Castro en la presidencia tras el relevo previsto de Raúl, quien a sus 88 años deja el máximo cargo de la revolución a Miguel Díaz-Canel. Ahora bien, pese a la trascendencia que se ha dado desde Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), al relevo y al hecho de que por primera vez en seis decenios no solo no vaya a haber un Castro en la presidencia sino que esta vaya a ser ocupada por alguien que no participó en el derrocamiento de Fulgencio Batista y el origen del régimen castrista, poco más va a cambiar de momento en una Cuba que, en todo caso, ya inició con Raúl el viraje hacia una economía abierta y un principio de relación con Estados Unidos que solo la presidencia de Donald Trump y sus servidumbres hacia lo más anticastrista de la comunidad cubana en EEUU han paralizado. De hecho, el propio Raúl Castro permanecerá al frente del PCC, en principio hasta 2022, y quienes le han acompañado durante el último decenio seguirán ocupando los puestos claves de Cuba, empezando por su hijo Alejandro, quien dirige y dirigirá los mismos Servicios de Información y Contrainformación que lideró el propio Raúl mientras su hermano Fidel fue Fidel. Sin olvidar que de entre los 604 parlamentarios, salidos de la lista organizada por el propio PCC, se elegirán los integrantes del órgano esencial del régimen cubano, el Consejo de Estado. Pero, en todo caso, con los Castro en un segundo plano y Díaz-Canel en la presidencia, el castrismo y Cuba no solo necesitarán retomar la senda de la apertura económica para renovar unas estructuras de Estado en decadencia y combatir la crisis social que atenaza a la isla y la hace depender extraordinariamente del exterior, sino que precisan reforzarla con una apertura política. Aunque de momento y posiblemente el reto sea gestionar la caída de la estructura agraria y de los subsidios, las contradicciones del comunismo castrista del siglo XX con la realidad del siglo XXI y el respeto a una mayor diversidad social mientras el régimen elimina sus reticencias a la implementación de costumbres democráticas.
