No deja de ser sorprendente que quienes hasta ahora no han destacado en la reclamación de un sistema propio de pensiones, ni siquiera en la exigencia de la transferencia de “la gestión del régimen económico de la Seguridad Social” que estipula el artículo 18.2.b del Estatuto de Gernika, trasladasen al Parlamento Vasco el debate sobre su actualización y convirtieran las pensiones en argumento de un rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el que la Cámara vasca no tiene más competencia que la meramente declarativa. ¿Qué dirían si el Congreso rechazara, siquiera en forma de declaración, los Presupuestos de Euskadi aprobados por la mayoría del Parlamento de Gasteiz? ¿Y por qué si el Parlamento Vasco aprobó el pasado 1 de marzo -y ratificó el jueves con la única salvedad del PP- la exigencia de que el Gobierno español transfiera a Euskadi la gestión del régimen económico de la Seguridad Social como instrumento para mejorar la situación de los pensionistas, no han presentado una iniciativa en las Cortes para aprobar dicha trasferencia? Populismos aparte, no se puede cuestionar que la subida del 0,25% de las pensiones aprobada por el Gobierno Rajoy no garantiza una actualización adecuada, tampoco la necesidad de que el sistema de pensiones sea “suficiente, digno y sostenible”; pero su actual situación no es consecuencia de unos Presupuestos aún sin aprobar, sino de las reformas ejecutadas por dos gobiernos, del PSOE y del PP, del Estado. Y, en todo caso, si la necesidad de actualizar las pensiones es una realidad, el traslado de la responsabilidad en la misma a las instituciones vascas sin exigir para estas las herramientas que facilitarían su incidencia en la mejora de la situación es otra bien distinta, pura y simple demagogia que confunde ámbitos de actuación por mero interés electoral. Además, olvida u oculta premeditamente el esfuerzo que el Gobierno Vasco realiza para, a través de sus propios Presupuestos y mediante la RGI, llegar a complementar las pensiones más precarias, esfuerzo al que el pasado año dedicó 46 millones de euros que se destinaron a 15.150 pensionistas (de los que un 36% eran jubilados y el 67%, mujeres), quienes pudieron elevar, con una media de 225 euros de complemento, su pensión hasta un margen de entre 732 y 988 euros, no tan lejos de la pensión media en Euskadi (1.151 euros) y hasta por encima de la estatal (927 euros).