La aprobación ayer por el pleno del Parlamento Vasco de la reclamación al Gobierno español de un calendario de trabajo a presentar en seis meses para el traspaso de las 37 competencias contempladas en el Estatuto de Gernika que siguen pendientes de transferir muestra, con matices en el hecho concreto de la votación, un consenso nunca antes alcanzado respecto a la necesidad del cumplimiento íntegro del Estatuto aprobado hacia ya casi cuarenta años, en 1979, y su virtualidad como herramienta de autogobierno. El hecho de que esa reclamación surgiera a raíz del debate de una iniciativa de EH Bildu respecto al incumplimiento estatutario ya suma al consenso en torno al Estatuto a una izquierda abertzale durante décadas primero contraria y luego remisa aun si esa rectificación incluye la no renuncia a mayores cotas de autogobierno, premisa que históricamente ha sido también planteada por el resto de las formaciones nacionalistas vascas y que, de hecho, también figura en el propio Estatuto a través de su Disposición Adicional, donde se establece que “no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia”. Que en ese consenso esté el PSE no se puede calificar de novedoso, aun si esta vez su posición se interpreta como abstención para no admitir la unilateralidad en el bloqueo estatutario por parte de los gobiernos del Estado, incluidos los socialistas; sí lo es también en su caso la aceptación del plazo y la ratificación parlamentaria de una situación de incumplimiento que, como socio del Gobierno Vasco, ya había admitido siquiera de modo implícito. Por último, la única formación que ayer votó en contra de la iniciativa, el PP, deja al menos patente en contraste el deseo de que ambos gobiernos, el español y el vasco, a través de la Comisión Mixta de transferencias, alcancen nuevos acuerdos sobre las competencias pendientes en una admisión también tácita de la necesidad de cumplimentar un Estatuto al que sus predecesores ideológicos se opusieron en el momento de su aprobación y cuya virtualidad han venido limitando. Y ese consenso, aun arduo y matizado en el fondo y la forma, debe ser siquiera punto de partida para que la representación parlamentaria de la sociedad vasca responda fielmente a lo que esta demanda.