Del contraste, o si se prefiere contienda, de gestos que se ha producido entre los representantes de las instituciones catalanas y los representantes del Estado con motivo de la inauguración del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona cabe deducir que nada o bien poco ha variado a punto de que se cumplan cinco meses desde el 1-O. Si la reivindicación independentista se mantiene en la calle y la ausencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el president del Parlament, Roger Torrent, en el recibimiento a Felipe VI han mostrado las más que reticencias catalanas a la actuación de la monarquía; de las convenientemente filtradas declaraciones del rey español y la continua advertencia desde el Gobierno Rajoy respecto a la continuidad del MWC en la capital catalana cabe deducir que el Estado no tiene intención de moderar el gesto. El simple recordatorio del peligro económico que supondría la supuesta pérdida del MWC -cien mil congresistas, dos mil expositores, más de 450.000 millones de impacto económico...- por parte del Ejecutivo español, convenientemente expandido por medios de comunicación afines, es toda una declaración de intenciones que retrotrae a la incentivación de la salida de empresas de Catalunya, cuando el contrato del Mobile Congress con Barcelona se extiende hasta 2023, como recordó ayer mismo John Hoffman, CEO de GSMA, entidad organizadora. Pero si algo retrata la inmovilidad del Estado son las palabras con que Felipe VI contestó a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cuando esta recordó al monarca español la ausencia de empatía de su discurso del 3 de octubre, dos días después de las cargas policiales del referéndum. El “yo estoy aquí para defender la Constitución y el Estatuto” de Felipe VI denota hasta qué punto el monarca español equivoca su papel y yerra en la lectura de la Constitución, toda vez que si desconoce el papel que le atribuye el texto constitucional difícilmente puede interpretar adecuadamente lo referido a otros. Y según los diez artículos (del 56 al 65) del Título II referidos a la Corona de España, Felipe VI no está para defender nada ya que la única responsabilidad que atribuye la Constitución al rey, además de la representativa y la de sancionamiento de las leyes, es la de arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones. Lo que no hizo el 3 de octubre ni, al parecer, pretende hacer ahora. Cinco meses después, no ha cambiado nada.