Primero fue el inspector jefe de la UDEF y responsable de la investigación policial de la trama Gürtel; Manuel Morocho, quien el 7 de noviembre declaró ante la comisión del Congreso que investiga la financiación irregular del PP que “Rajoy cobró indiciariamente en B”. Posteriormente, el 24 de enero, fue el ex secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, quien en el juicio por la rama valenciana de Gürtel, afirmó que “el PP se financiaba con dinero negro” y señaló que “las decisiones las tomaba Francisco Camps”, expresidente del PP de Valencia y de la Generalitat valenciana, además de principal apoyo de Rajoy en su reelección como presidente del partido. Apenas días antes, 9 empresarios habían admitido haber financiado al PP valenciano a cambio de contratos públicos. Hace solo una semana, el 6 de febrero, en declaración desde prisión a la comisión del Congreso, el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, señalaba que creía que Rajoy “daba el OK” a la aprobación de los gastos electorales. Y ayer, en su declaración ante el juez García Castellón, que investiga la trama Púnica, el ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, afirmaba que la entonces presidenta del PP madrileño y de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, controlaba directamente las adjudicaciones públicas para afirmar a continuación que en las autonómicas de 2007 y 2011, el PP realizó una campaña electoral “paralela” con gastos que se cargaban a empresas. Rajoy, además, podría ser llamado a declarar aun y pese al oportuno cambio en el sistema de designación de magistrados, en el juicio en la AN por los papeles de Bárcenas, que incluyen asentamientos de pagos a “M. Rajoy” por 320.000 €. Ya no se trata de que el PP pueda o no negar que durante años, también bajo la presidencia de Rajoy, se ha financiado irregularmente. Ni de que sus altos cargos, incluyendo el presidente del partido y del Gobierno, puedan o no negar haber cobrado cantidades no declaradas. Se trata de que, a tenor de estos testimonios, responsables de las dos comunidades en las que el PP ha basado su fortaleza, Valencia y Madrid, lo habrían conocido todo y, sin embargo, Rajoy declaró en julio de 2017 ante el juez en la Audiencia Nacional que él desconocía los gastos y cuentas del partido y las gestiones de Bárcenas. De confirmarse las declaraciones, el presidente podría haber mentido o, efectivamente, ignorar esos supuestos manejos. En ambos casos estaría descalificado.
