El aplazamiento del Pleno de investidura de Carles Puigdemont por parte del presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha evidenciado de nuevo disensiones entre las formaciones soberanistas que apoyan dicha candidatura e incluso puede entenderse que coloca interrogantes respecto al futuro de la misma. Torrent, sin embargo, la mantuvo expresamente y la explica como un modo de protegerla a costa, eso sí, de que sea efectiva durante más tiempo la intervención de la autonomía catalana a través del art. 155 y con riesgo, como se comprobó en la movilización de ayer, de exacerbar el ánimo popular hasta el límite, con las consecuencias que podría acarrear. En todo caso, el aplazamiento y la apelación a los servicios jurídicos del Parlament para que presenten alegaciones contra la resolución del TC que prohibió una investidura a distancia o sin autorización judicial pondrá al alto tribunal ante la tesitura de concretar y argumentar de nuevo una decisión que carece de fundamentos y antecedentes jurídicos, toda vez que el TC al rechazar ayer una apelación similar de Puigdemont y JxCat parece adelantar ya el sentido de su decisión. Si así lo hace el Constitucional, manteniendo unas medidas cautelares para las que no existía solicitud previa, que no están previstas en el ordenamiento jurídico ni en el reglamento del Parlament, que afectan a los derechos de Puigdemont como parlamentario electo así como a principios como el derecho de participación política mediante sufragio de la sociedad catalana que votó el 21 de diciembre, estaría ignorando su propia jurisprudencia pero también la dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fundamentando así un más que previsible recurso de Puigdemont o incluso del Parlament ante la Corte de Estrasburgo. Y aunque dicho recurso, cuyo resultado se antoja bastante predecible pero cuyo proceso se dilataría en el tiempo, no servirá seguramente para evitar la necesidad de elegir una alternativa que con un nuevo Govern forzara la retirada del 155 y devolviera la normalidad a las instituciones de Catalunya, sí permitiría, mientras tanto y en paralelo, mantener la presencia política de Puigdemont y ofrecería una posibilidad a medio plazo para su regreso, lo que convertiría la intervención del TC, forzada por el Gobierno Rajoy, en un mero aplazamiento... del problema.