Siempre que se habla de la memoria de las víctimas de la violencia o de un conflicto se reivindica la verdad, el reconocimiento, la justicia y la reparación como las únicas vías necesarias para cerrar heridas y aprender del pasado para que nunca vuelva a suceder. Así es y así debe suceder siempre en una sociedad democrática. Sin embargo, la memoria y la ley tienen muchos agujeros por los que a menudo se desvanecen los conceptos mismos de verdad y justicia. En los últimos días estas grietas han vuelto a quedar patentes y bien visibles en Euskadi. Así, el pasado 8 de enero, la Justicia acordó archivar las querellas contra los crímenes del franquismo que habían presentado los Ayuntamientos de Elgeta y Arrasate. Una nueva decisión, en dolorosa sintonía con otras similares en las que diversos tribunales han rechazado investigar los crímenes cometidos por el régimen franquista y sus servidores, así como los que tuvieron lugar durante los primeros años de la llamada transición. El motivo, recurrente en todos los casos, es la prescripción de los hechos y, en todo caso, la ilegalidad que supondría que se investigaran, juzgaran y sentenciaran, a la luz de la Ley de Amnistía aprobada en 1977. Asimismo, el 15 de enero, el Tribunal Constitucional decidió rechazar el recurso de amparo planteado por las Juntas Generales de Álava respecto a los graves sucesos que tuvieron lugar el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, en los que murieron cinco obreros por disparos de la Policía mientras participaban en una asamblea. Otra decisión recurrente, porque han sido sistemáticamente rechazados los recursos presentados por el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación alavesa, por lo que únicamente queda la posibilidad de elevar el caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Cuarenta y dos años después de los hechos, no ha habido investigación sobre lo sucedido, lo que supone un intolerable ejemplo de impunidad, injusticia y desprecio por las víctimas. Algo similar a lo que ha ocurrido con el caso del atentado en el bar Aldana, del que se acaba de celebrar el 38º aniversario sin noticia alguna sobre sus responsables -fue reivindicado por la extrema derecha-, pese a que hubo cuatro muertos. Son casos claros de olvido, falsedad, injusticia e impunidad. Justo lo contrario de una memoria digna, decente y democrática construida con los cimientos del reconocimiento a las víctimas.
