La propuesta que el PP realiza a la Comisión del Pacto de Toledo, según anunció en una entrevista la ministra de Seguridad Social y Empleo, Fátima Báñez, para ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral de forma voluntaria cuando el trabajador haya cotizado menos al final de la misma a causa de un cambio en su situación es preciso analizarla cuidadosamente tanto en el fondo como en la forma. Esta última, desde luego, no contribuye a la confianza por cuanto el anuncio televisado de una medida de ese calado y que afectaría a un buen número de trabajadores sin siquiera haber sondeado el consenso de los agentes sociales permite adivinarle un cariz propagandístico -Rajoy acaba de situar en el ámbito socieconómico el reto de frenar el ascenso electoral de Ciudadanos- que estaría acompañado de buenas dosis de irresponsabilidad. Pero si la propuesta es cuestionable en las formas, lo es tanto o más en el fondo, por cuanto se trata apenas de un parche en un sistema de pensiones que precisa de una profunda revisión y que arrastra un déficit más que importante a lo largo del último lustro. En primer lugar, apenas servirá para paliar su principal problema, la pérdida continuada de poder adquisitivo asociada a la reforma aprobada por el Gobierno Rajoy en 2013, que en realidad no era sino parte de la política de recortes para reducir el gasto público. En segundo lugar, tiene un horizonte temporal limitado por cuanto aun si ahora sirviese en casos de parados de larga duración de más de 45 años que empezaron a trabajar en plena época de crecimiento hace veinte o más años, no lo hará a partir de la próxima década, toda vez que 7 de cada 10 jóvenes que llegan hoy a la edad laboral no trabajan o lo hacen en precario con contratos parciales y sin continuidad. Pero sobre todo la propuesta vuelve a obviar la posibilidad de descentralización del sistema de pensiones hacia una gestión más cercana, como viene reclamando el Gobierno Vasco, y a incidir en el error de ignorar la estructura de ingresos, que es la que precisamente necesita medidas drásticas como la recuperación de las cotizaciones en consonancia real con los salarios (lo que aportaría cerca de 10.000 millones anuales), para centrarse en la estructura del gasto, lo que traslada injustamente al trabajador la responsabilidad de que al mismo tiempo el sistema de Seguridad Social sea viable y las pensiones, suficientes.