Al cumplirse hoy 30 años de la firma del Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi -o Pacto de Ajuria Enea- por todos los partidos (AP, CDS, EE, EA, PSE y PNV) que en aquel año 1988 participaban en el Parlamento Vasco, la vigencia de su texto abruma. Cuando el “objetivo común fundamental” de la “erradicación del terrorismo” que señala en su primer párrafo se ha logrado y Euskadi disfruta de más de seis años sin el azote de la violencia a la espera de la disolución definitiva de ETA que se anuncia en el plazo de seis meses, aquel Pacto reúne la virtud de que la mayor parte de sus puntos pueden ser hoy apoyados por quienes entonces se oponían al mismo y, al tiempo, la de recordar otra buena parte de ellos a algunos de los que sí lo rubricaron. No solo en el ámbito de la normalización y la convivencia, también en el del autogobierno. Porque el Acuerdo contempla en su punto 9 el apoyo “a las vías de reinserción para aquellas personas que decidan o hayan decidido abandonar la violencia” y en su punto 11 a “la derogación de la legislación especial contra el terrorismo” que bien podrían contribuir hoy al cierre definitivo de las consecuencias de la violencia en Euskadi. Pero también, en su punto 2, estipula textualmente que “el pleno y leal desarrollo de todos y cada uno de los contenidos del Estatuto sigue siendo el marco válido para la resolución progresiva de los conflictos de la sociedad vasca (...). Nos comprometemos a desarrollarlo en su plenitud, de conformidad con los principios que lo inspiraron y respetando su singularidad” para a continuación admitir “su reforma y desarrollo mediante los procedimientos contemplados en el propio Estatuto y en la Constitución, estando siempre legitimado para reivindicar cualquier derecho que, de acuerdo con las Disposiciones Adicional Primera de la Constitución y Única del Estatuto, le hubiera podido corresponder”, lo que asienta la mayoritaria reclamación hoy de un nuevo estatus de autogobierno. Y, por si fuera poco, avala su ratificación por la sociedad vasca al reconocer en su preámbulo “las profundas aspiraciones al autogobierno que el pueblo vasco ha demostrado” y la reserva expresa de los derechos históricos, “a cuya actualización mediante la expresión de su voluntad en cada momento y de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico no renuncia”.