Decida lo que decida hoy la sociedad catalana -se augura una participación récord superior al 80%- respecto a la elección de sus representantes y se repita o no la ajustada polarización entre soberanistas y unionistas, con matices más favorables a unos o a otros, que se ha dado con anterioridad y han venido vaticinando las encuestas, es necesario realizar respecto de la legalidad y la legitimidad democrática de este 21-D un juicio tan severo como el que afrontan las diferentes candidaturas. Sobre la legalidad, conviene apelar al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de la Generalitat ante la aplicación del art. 155. Dicho dictamen consideró inconstitucional el cese de Carles Puigdemont como president, lo que cuestionaría la legalidad de una convocatoria que, según el Estatut, es atribución específica del president de la Generalitat. Pero admitida la imposición de las elecciones incluso por quien -el propio Puigdemont- tenía atribuida la facultad de convocarlas, las críticas a su legalidad se antojan vanas. Algo muy distinto sucede con su calidad democrática. La actuación de los poderes ejecutivo y judicial del Estado en la atribución de delitos de rebelión y sedición en la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, delitos que han sido puestos en cuestión por juristas y expertos e incluso en la redacción de algún auto por el propio Tribunal Supremo, ha llevado a Bélgica o a prisión, con carácter preventivo, a candidatos que, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral, pueden presentarse mientras no haya una sentencia firme que los inhabilite pero que no han podido realizar campaña en igualdad de oportunidades; alguno incluso ha sido expedientado por emitir desde la cárcel opiniones políticas. Además, la Junta Electoral ha limitado la libertad de expresión al prohibir el color amarillo y las pancartas en edificios públicos, ha vetado la presencia de observadores y ha intervenido en la programación de los medios de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) pero permitido la publicación por otros medios de informaciones sesgadas y encuestas nítidamente cocinadas. Ahora bien, si a pesar de todo la alta participación que se espera sella todas esas grietas en la legitimidad de este 21-D, las dificultades impuestas supondrán fortaleza añadida a unos resultados sobre los que no cabría nueva enmienda vía intervención del Estado ni vías unilaterales descartadas en campaña.
