Finalmente habrá presupuestos en las instituciones vascas tras un ejercicio de concertación de visiones diferentes sobre el país y las estructuras sociales y económicas que deben mantenerlo en marcha. Un acuerdo fiscal que no reúne el 100% de los modelos de ninguno de los tres partidos que lo han suscrito, pero es suficiente para no distorsionar las bases de la estabilidad con la que se ha comportado Euskadi en términos socioeconómicos en los últimos decenios. Unas bases que, no cabe olvidar, han permitido afrontar los años de crisis en situación de amortiguar muchos de sus efectos. No significa esto que no haya habido un coste social y económico sino que, comparativamente, las coberturas sociales han sido más amplias que en el entorno y el impacto, con ser doloroso, ha sido menor en términos de desempleo y destrucción del tejido económico. No obstante, como no puede ser de otra forma, la mejora o simplemente la modificación de ese modelo de país es perfectamente legítima desde la acción política con los medios que los electores otorgan a cada opción. Por eso es lógico que quienes no han querido participar del consenso mínimo de cara a la reforma fiscal ni los presupuestos esgriman ahora un relato justificativo de sus posturas y crítico con las ajenas. El juego de la política en democracia también tiene mucho de escenificación y el límite de la misma debería empezar a aparecer cuando su ejercicio no tiene un efecto útil para el país ni redunda en una mejora de las condiciones de los ciudadanos y su bienestar. Los ejercicios de pragmatismo que han permitido un punto de encuentro entre PNV, PSE y PP tienen su contrapartida en los reproches de Elkarrekin Podemos y EH Bildu. La dimensión real de la legítima divergencia debe explicarse al ciudadano en términos veraces, no en retórica. El cuestionamiento de las Cuentas de Lakua tienen una medida objetiva en este sentido: las enmiendas del PP que van a permitir su aprobación equivalen al 0,26% del presupuesto. Pero es que las que separan al resto suponen el 1,9%, en el caso de EH Bildu, y del 2,1% en el de Elkarrekin Podemos. No parecen la discrepancia ni el impacto de esas enmiendas de dimensión suficiente como para bloquear y denostar como regresivas o socialmente nefastas unas cuentas para cuyo 98% no se ofrecen alternativas.