La constitución de la comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados que supuestamente analizará la estructuración territorial del Estado para dar traslado de sus conclusiones a otra comisión que estudiaría la reforma de la Constitución dejó patente ayer que el apoyo del PSOE de Pedro Sánchez a la aplicación en Catalunya del artículo 155 por el Gobierno de Mariano Rajoy -que el propio Sánchez había rechazado reiteradamente- tuvo como contrapartida exactamente la nada. No ya porque una comisión para analizar la estructura territorial del Estado en la que no participan las principales fuerzas nacionalistas de Euskadi y Catalunya -precisamente por la aplicación del artículo 155- se antoja ficticia y por tanto inútil para realizar un diagnóstico, sino porque quienes sí han acudido a la comisión, notoriamente PP y Ciudadanos, lo han hecho bajo la premisa de “no reformar la Constitución para contentar a una minoría” porque “no creemos que en España haya un problema de autogobierno”, como afirmó ayer mismo en dicha comisión el secretario general del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro. Ya no se trata de que para una reforma de la Constitución sea necesario el acuerdo de PP y PSOE (y hasta C’s, que ayer mismo proponía la anulación del Cupo y el Concierto Económico) por cuanto exige mayorías de tres quintos o hasta de dos tercios si se refiere a la configuración del Estado, lo que da una idea de las posibles características y profundidad que tendría dicha reforma, sino de que el PP ni tan siquiera está dispuesto a discutir sobre algo en lo que no cree porque, pese a todo, no lo ve necesario. La política de consensuar la nada del PP de Rajoy, en este sentido, ya la definió quien fuera director de Der Spiegel y reconocido politólogo alemán, Thomas Darnstädt, cuando hace casi un lustro analizó la relación y el reparto de competencias entre los länder alemanes y el Gobierno federal en base a la Ley Fundamental de 1949, la Constitución alemana, y concluyó definiendo dicha relación como “la trampa del consenso”, una forma de irresponsabilidad por la que la facultad de decir que no del Estado (federal, en el caso alemán), prevalece frente a la necesidad y el compromiso de emprender reformas viables que satisfagan las necesidades de las comunidades que lo integran.
