El inicio ayer, en la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, del juicio contra los cinco acusados de la violación grupal a una joven madrileña el 7 de julio de 2016, durante los Sanfermines, entre ellos un agente de la Guardia Civil, un militar y un ultra sevillista (con solicitud de penas de hasta 25 años y 9 meses de prisión) exige extremar el celo mostrado por la Audiencia al decretar que las sesiones se celebren a puerta cerrada. El mero hecho de razonar que las vistas se desarrollen sin público ni informadores para que ni la víctima ni los acusados padezcan “una indeseada exposición pública” empieza por situar a una y otros en un plano similar indebido, lo que en este caso ni siquiera la presunción de inocencia puede justificar cuando se trata de delitos de tanta gravedad, que causan tanta alarma social y sobre cuya persecución el mismo informe de la Fiscalía admite que la mayor dificultad radica en la negativa de la víctima a declarar y otro reciente informe con 500 víctimas motiva dicha negativa en el miedo a represalias de los agresores ante la sensación de impunidad que tantas veces ha permitido la justicia. Porque existen medidas menos universales que sirven para evitar la exposición de la víctima sin limitar el efecto que la impartición pública de justicia posee en los acusados de hechos tan execrables. De cualquier forma, ni esta constatación ni la realidad de que las grabaciones audiovisuales halladas en los teléfonos de los acusados y otras pruebas apunten a la culpabilidad debe afectar a las garantías procesales, incluido el derecho a la declaración de inocencia que comunicó su abogado, Martínez Becerra. El juicio deberá probar que las evidencias que han servido para mantenerles en prisión preventiva sirven asimismo para probar su autoría y, por tanto, fundamenta imponer responsabilidades penales. Ahora bien, constatada esa culpabilidad si se constata, no cabría ignorar la premeditación que se desprende de la actitud de los acusados y de su actividad en redes sociales, ni su idea de reiteración ni el desprecio mostrado por la dignidad de la víctima, de las posibles víctimas, extendido hasta el día del juicio, así como la incidencia de este en la percepción social de un fenómeno, el de la violencia machista, que no se logra atajar tampoco entre los jóvenes, como recientemente ha ocurrido en Gasteiz y que este fin de semana ha sumado una nueva agresión en Barakaldo.