Con la convocatoria de elecciones autonómicas el 21 de diciembre asumida por todas las fuerzas políticas de Catalunya y la aceptación, explícita en unos casos y tácita en otros, del marco legal y la aplicación del artículo 155 por parte de los líderes políticos del procés, cabe preguntarse qué ha quedado en herencia del proceso unilateral hacia la soberanía plena. Desde luego, no una República no proclamada en términos de vigencia y solvencia jurídica. El mejor de los escenarios factibles a fecha de hoy pasa por el fortalecimiento que pueda obtenerse del paso por las urnas en diciembre y, a continuación, la orientación de esa legitimidad hacia un diálogo de carácter bilateral. Pero si algo ha quedado meridianamente enterrado tras esta experiencia es el mero ejercicio de voluntad unilateral de constituir un Estado independiente sin asideros internacionales ni una mayoría social cualificada y cuantificable. El momento exige contener los daños derivados de esta aventura, no reproducirla a medio plazo. Ni debe haber lugar para una actuación represiva con voluntad de revancha por la vía judicial ni la tentación de reproducir el escenario previo al colapso de las instituciones catalanas. El 22 de diciembre se impone la necesidad de curar las cicatrices políticas, sociales y económicas que se están haciendo evidentes. En el coste de esta experiencia hay dos aspectos que conllevan riesgos de mayores consecuencias que las que afectan al ámbito territorial de Catalunya. El primero habla de generalizar un marco de gestión de este tipo de crisis de reivindicación nacional en el ámbito europeo. Europa ha reaccionado instintivamente frente un hecho que considera que altera el equilibrio inestable del modelo de la Unión Europea. Las palabras de Jean Claude Juncker contra los nacionalismos señalan a las naciones periféricas sin Estado y obvia la realidad de que las amenazas más severas a la integridad europea viene de los Estados-nación -Brexit, sostenibilidad de la zona euro y brecha norte-sur-. Igualmente, en el marco político estatal ha llegado para quedarse una concepción recentralizadora e intervencionista en el esquema autonómico que aflora discursos cuya concepción del Estado no formaba parte del consenso democrático hasta hace bien poco. Mientras esto sea así, la futura apertura del melón constitucional puede dejar de ser una oportunidad para transformarse en una amenaza para todos.