Si el viernes Catalunya y el Estado protagonizaban un inédito y descarnado choque de trenes, traducido en una proclamación de la República catalana respondida con contundencia horas después con una aplicación del artículo 155 de la Constitución en forma de cese del Govern, disolución del Parlament y convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, ayer el Estado activaba otro frente no menos contundente: la prometida querella de la Fiscalía contra los miembros del Govern y la presidenta del Parlament y algunos integrantes de la Mesa por los delitos de rebelión, sedición, malversación “y otros conexos”. La interposición de sendas querellas ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional viene a subrayar las imágenes que se vivían ayer: PDeCAT y ERC confirmaban su intención de concurrir a las elecciones, los consellers y el president cesados no acudían a sus despachos -con las excepciones puntuales de Josep Rull y Oriol Junqueras- y la presidenta del Parlament desconvocaba la reunión prevista de la Mesa. El recorrido judicial de estas querellas sin duda planteará momentos controvertidos, desde la alambicada resolución aprobada el viernes pasado en el Parlament -para la Fiscalía no hay duda de que la resolución supuso “la declaración formal de independencia” y el Gobierno instó ayer al Constitucional a su anulación urgente-, a la más polémica calificación del delito de rebelión, en cuya enunciación el Código Penal requiere que concurra violencia. La Fiscalía abunda en este aspecto en su escrito a la Audiencia Nacional, afirmando que “la concurrencia de violencia física puede no ser necesaria cuando el alzamiento por sus características y por el número indeterminado de personas implicadas, es de tal dimensión que tiene capacidad intimidatoria suficiente para disuadir de una posible actuación a las fuerzas del orden sabedoras de que cualquier oposición a los planes rebeldes, tornará el alzamiento en violento y belicoso”. El abogado de Carles Puigdemont ya criticaba ayer este asunto, advirtiendo además de las “perversiones” que a su juicio plantea el procedimiento, al eliminar el aforamiento de los querellados y “forzar la competencia de la Audiencia Nacional”. Un escenario que sigue plagado de incertidumbres, como que Puigdemont diera a entender que no acataría su cese y que ayer se conociera su presencia junto a otros consellers cesados en Bruselas, incluso según algunos medios con la intención de pedir asilo.