Los históricos, tensos y vibrantes acontecimientos que se están viviendo en Catalunya en los últimos días, y que continuarán su vertiginoso recorrido durante las próximas semanas al menos, han dejado en segundo plano de la opinión pública algunas cuestiones cruciales para Euskadi y han servido a algunos sectores políticos para aprovechar la situación con la intención de trasladar a la escena vasca conflictos que nada tienen que ver y desviar la atención de su propia responsabilidad en la gestión del bien común. En primer lugar, es evidente que, más allá del absoluto respeto y la lógica y necesaria solidaridad con Catalunya y pese a los intentos de la izquierda abertzale de trasladar ese enfrentamiento a Euskadi, la vía vasca para el ejercicio del derecho a decidir se basa en la apuesta irrenunciable por una consulta legal y pactada tras un acuerdo con el mayor consenso posible entre los partidos en el Parlamento. El viaje que hoy inicia el lehendakari Iñigo Urkullu a Quebec -además de su papel mediador en la búsqueda de una solución negociada y democrática en el procés catalán-, viene a profundizar, precisamente, en ese modelo, además de buscar oportunidades de intercambio económico, empresarial, institucional y cultural entre ambos países. Pero, además, Euskadi tiene ante sí retos urgentes que van a condicionar el futuro inmediato. Hoy mismo, el proyecto de Presupuestos del Gobierno Vasco para 2018 arranca su tramitación parlamentaria, un acto simbólico que, junto a la aprobación por el Consejo del Ejecutivo el pasado martes, pone la maquinaria en marcha. De momento, los partidos de la oposición -con quien el consejero Pedro Azpiazu ya ha mantenido una primera reunión- se han mostrado formalmente dispuestos a negociar las Cuentas pero reacios a priori a apoyarlas, en general por cuestiones ajenas a su contenido y con argumentos contradictorios e incluso excluyentes entre sí. En los últimos días, Azpiazu, a la vista de las motivaciones que exhibían las distintas fuerzas, ha demandado “madurez” para abordar la negociación. Es obligación y responsabilidad de todos, incluida la oposición, contribuir a la mejora del bienestar y su gestión. Y una de las bases para ello es contar con los mejores Presupuestos posibles, sólidos, reales y viables, para lo que todos deben aportar las mejoras necesarias y tener flexibilidad y voluntad de acordar. Sin excusas extemporáneas.