La aprobación por el Consejo del Gobierno Vasco del proyecto de Presupuestos para 2018, que en caso de aprobación serían, con 11.486 millones de euros, un 3,9% más que este año, los más elevados de la historia de Euskadi, y su registro el lunes en el Parlamento Vasco iniciarán el recorrido de las Cuentas y la búsqueda de apoyos que, sin embargo, podrían verse condicionados por elementos ajenos a las mismas y a su repercusión en la sociedad vasca. Quizá porque cuestionar el perfil social de unos Presupuestos que vuelven a incrementar los recursos destinados a políticas sociales hasta el 77% del global -frente a una media europea que no alcanza el 60% o el 54% que el Estado destina a esos fines- y que colocan a los departamentos de Salud (3.671 millones, 3,6% más), Educación (2.717 millones, 1,9% más) y Empleo (1.014 millones, 0,7% más) como los de mayor dotación económica es harto difícil, y porque la gestión económica de la administración vasca está muy lejos de despertar dudas entre una amplísima mayoría de nuestra sociedad, la principal dificultad a la hora de acordar apoyos parecería radicar en el alineamiento político en plena crisis de Estado por la situación en Catalunya. Las apelaciones realizadas desde la izquierda abertzale a no mantener acuerdos con fuerzas que en Madrid han apoyado la aplicación del art. 155, en clara referencia al PSE, socio del PNV en el Gobierno, pero también a la posibilidad de que una abstención del PP facilitara la aprobación de las Cuentas, parece ir encaminada a esa finalidad. Del mismo modo, declaraciones y actitudes del PP con veladas advertencias sobre las mayorías necesarias parecen también pretender condicionar la posición del Gobierno Vasco respecto a Catalunya. Sin embargo, convendría separar el tocino de la velocidad y analizar el proyecto de Presupuestos en virtud sólo de su capacidad para desarrollar políticas que respondan a las necesidades que la sociedad vasca determina y al orden de prioridades de éstas, facilitando que el incremento presupuestario, acorde con la previsión de crecimiento, posibilite, como se prevé, reducir el déficit hasta su eliminación en 2020, reducir la deuda al 13% del PIB y crear 15.500 nuevos puestos de trabajo, lo que dejaría el desempleo en el umbral del 10%. Impedirlo bajo la excusa de la coincidencia o no en el voto con aquellos con quienes se coincide en otras muchas ocasiones se definiría con una palabra: demagogia.
