Seis años y siete meses después de que ETA, en marzo de 2011, comunicara a las asociaciones empresariales de Hegoalde el fin de la extorsión y seis años desde que anunciara el cese de su actividad armada, reconocer el enorme sufrimiento personal y el lastre económico que ha soportado el empresariado vasco por la amenaza de la violencia era y es una necesidad extensible más allá del acto que la patronal Confebask y las asociaciones que la integran (Adegi, Cebek y SEA) celebraron ayer en Bilbao. Las cifras de lo que supuso el mal llamado “impuesto revolucionario” son apenas estimaciones frías de una realidad cotidiana que penetró y se extendió por todo el tejido empresarial de nuestro país, desde los consejos de administración de las principales firmas a los domicilios y oficinas de quienes pese a esa amenaza -y es tan justo como necesario decirlo- siguieron sosteniendo una economía fundamentada en las pequeñas y medianas empresas de origen familiar. Dar una cifra exacta es imposible, pero un análisis de la Policía francesa en base a documentos intervenidos cifró en 134 millones de euros lo reclamado por ETA a 1.025 víctimas únicamente entre 2005 y 2007 y el estudio Misivas del terror del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, seguramente el más extenso al respecto, sitúa en torno a las 10.000 personas las afectadas por la extorsión y en torno a 40 millones de euros lo obtenido así por ETA desde 1980 pese a que las cartas de extorsión apenas obtuvieron respuesta de uno de cada diez amenazados, lo que denota la enorme entereza ética de un empresariado que desde el asesinato de Ángel Berazadi en 1976 al de Inaxio Uria en 2008 sufrió decenas de víctimas mortales, medio centenar de secuestros y más de cien atentados reivindicados por ETA. Hoy, cuando todo ello pertenece al pasado, reciente y doliente aún, y Euskadi ha vuelto a la senda, siquiera incipiente, del crecimiento, que la crisis parece superada como se superó aquella otra de los 80 rodeada de una violencia inusitada, no cabe sino reconocerles el esfuerzo emprendedor, la implicación de país y la fortaleza en su compromiso con una sociedad azotada por el terror. Incluso cuando actuaciones incomprensibles, como las del juez Garzón o ciertos señalamientos mediáticos -ahí están los casos de Azkoyen, de las hermanas Bruno o de los iconos gastronómicos vascos- les hizo doblemente víctimas de injusta persecución.
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